Imagen del accidente de tren en Angrois (Santiago) en julio de 2013, en el que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Foto: EP
Las víctimas del Alvia apelan al Defensor del Pueblo Europeo porque 6 años después ‘no hay investigación independiente’
También se han reunido con la dirección de Adif para reclamar de nuevo esta investigación independiente del accidente y que se depuren responsabilidades
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08/6/2019 07:00
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Actualizado: 08/6/2019 00:31
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Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, han presentado esta semana una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario.
Denuncian que «pasados seis años todavía no se ha realizado una investigación acorde a la legislación europea».
En el escrito remitido a la defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 expone que ha recibido «diferentes justificaciones por parte de la Comisión, pero la realidad y los hechos es que pasados seis años todavía no se ha realizado una investigación acorde a la legislación europea».
En primer lugar, le transmite que «gracias a los diferentes organismos de la UE», se han sentido «escuchados y tratados como verdaderos ciudadanos».
Enumera a la comisión de peticiones de la Eurocámara, la Agencia Ferroviaria Europea «e incluso, aunque no esté rematando su misión, la Comisión Europea», pues que les ha tratado «mucho mejor» que el Estado español.
También reconocen el trabajo de los eurodiputados y en concreto el de Ana Miranda (BNG), quien les ha «acompañado y ayudado mucho en este duro camino».
Por todo ello, espera que su reclamación por una investigación independiente del accidente «llegue a buen puerto, para que se recupere la confianza de la gente en la Unión Europea».
En la reclamación, la plataforma critica que «se está vulnerando la Directiva 2004/49/CE, el derecho de las víctimas y familiares, y de los ciudadanos europeos a que se lleve esta investigación acorde a la legislación europea, poniendo en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía».
Recuerda que la Comisión Europea «se escuda en que no puede obligar al estado español a llevar a cabo esta investigación», pero añade que, a su vez, «el estado español se niega, alegando que no puede obligar a la CIAF a investigar, lo cual es rotundamente falso».
En este escenario, «la directiva no se cumple y no se lleva a cabo una investigación tal y como pide el Parlamento Europeo y como exige la normativa».
Por eso, solicita una vez más la apertura de «una investigación independiente por el accidente del Alvia para aplicar la decisión del Parlamento Europeo, y garantizar que la legislación de la UE se aplique correctamente, ya que el Estado español se niega a hacerlo».
Además, pide «dar acceso a la Asociación Víctimas Alvia 04155 a los documentos» relativos al expediente abierto a España por incumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria, ya que la Comisión «se niega en base a una serie de excepciones».
Y, por último, indica que «si la Comisión no puede o no quiere llevar a cabo la investigación, que no cierre el procedimiento de infracción que tiene abierto contra España hasta que no se realice una nueva investigación acorde con la Directiva 49/2004».
«Cerrar el expediente sin hacerlo sería una grave dejación de funciones por parte de la Comisión», finaliza.
LA PRESIDENTA DE ADIF APOYA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN, PERO SOLO CESARÁ AL CARGO IMPUTADO SI VA A JUICIO
La plataforma presentó esta reclamación ante Defensor del Pueblo Europeo el pasado miércoles y el jueves por tarde se reunió con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en Madrid, en su sede de Sor Ángela de la Cruz, para exigir de nuevo que se lleve a cabo una investigación «independiente» del accidente en Angrois y que se depuren responsabilidades.
Esta fue una de las principales reivindicaciones que le ha hecho la asociación de afectados en la reunión.
Representantes de la plataforma, en la sede de Adif, en Sor Ángela de la Cruz, antes de reunirse con Pardo de Vera.
Cabe recordar que el magistrado que ha instruido la causa, Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela, propone juzgar al maquinista, Francisco José Garzón, y al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, ambos por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.
La presidenta de Adif ha mostrado su apoyo a una nueva investigación sobre las causas del accidente en caso de que los órganos competentes determinen que la que existente hasta el momento no es independiente.
La Unión Europea viene dictaminando desde 2016 que la investigación realizada por el organismo español encargado de estas labores (CIAF, inscrita en el Ministerio de Fomento) no es independiente.
Lo dijo primero la Agencia Ferroviaria Europea, en julio de 2016, después la Eurocámara, en enero de 2017, y después la propia comisaria de Transportes, quien en junio de 2018 se lo trasladó al Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras la reunión, la plataforma de víctimas ha manifestado su «decepción porque tras 6 años de lucha todavía no vemos hechos verdaderos para depurar todas las responsabilidades y para llegar al fondo de la cuestión», ha manifestado Jesús Domínguez, presidente de este colectivo.
PIDEN EL CESE DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD CUANDO SE PRODUJO EL ACCIDENTE
Otra de las peticiones de las víctimas a la presidenta de Adif ha sido la del cese del cargo investigado, Andrés Cortabitarte. Según han confirmado fuentes de Adif, Pardo de Vera ha respondido que solo lo hará si efectivamente se abre juicio oral contra él.
«Es el procedimiento que se suele aplicar en la casa. Distinguimos si ha habido dolo o no. Y con Andrés (Cortabitarte) parece evidente que no hay dolo», han señalado fuentes de la empresa pública.
«Después de seis años de lucha lo que queremos son hechos y no palabras o gestos que no conducen a nada», ha criticado al término del encuentro el presidente de la asociación, Jesús Domínguez.
Sobre el compromiso por parte de Adif de apoyar una nueva investigación, Domínguez teme que todo quede «en papel mojado» y no se plasme en hechos.
Ha lamentado falta de concreción por parte de la presidenta de Adif sobre sus reproches a la falta de documentación en sede judicial y ante el pago al despacho de abogados de Cortabitarte para el asesoramiento de los cargos de Adif que comparecieron en la comisión de investigación del Congreso.
«Si se quiere mejorar la empresa, que según sus propias palabras ha dicho que está muy preocupada, lo mejor es que abra una investigación interna y sepa que ha pasado», ha recalcado el portavoz de la plataforma.
También han preguntado a Pardo de Vera si avala que la actual directora de seguridad de Adif sostenga que «en Angrois se hizo todo bien».
Sobre este extremo, las fuentes de la empresa pública indican que la presidenta fue la responsable de su nombramiento por su «talento y trayectoria», pero precisan que el peritaje que realizó sobre el accidente fue encargado por el anterior presidente.
Acerca de si seguiría manteniendo su confianza en ella en caso de que el cargo de Adif imputado sea juzgado y condenado, han rechazado pronunciarse sobre un «futurible».
‘PERDÓN’ PORQUE ‘HUBO FALLOS’
Por último, según estas fuentes, Isabel Pardo de Vera ha reconocido ante las víctimas que «evidentemente hubo fallos» y «algo falló en el sistema ferroviario» para que se produjese la tragedia que acabó con 80 vidas.
Han hecho hincapié en que la seguridad es ahora «el pilar básico» tanto de la empresa pública como del Ministerio de Fomento. «Es la prioridad número uno», enfatizan.
De este modo, en una cita «dura pero muy necesaria», la actual presidenta de Adif ha recordado que no tiene «ningún problema en pedir perdón públicamente, las veces que haga falta» por el siniestro, y ha mostrado su disposición a mantener un «canal directo» abierto entre la empresa pública y la plataforma de víctimas».
El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, fue preguntado el jueves por periodistas en Estrasburgo por este caso después que la plataforma de afectados del siniestro haya acudido a la Defensora del Pueblo Europeo para reclamar que haya una investigación independiente sobre las causas del descarrilamiento, sobre si piensa entrevistarse con la plataforma.
«Yo los recibí», se ha limitado a responder, antes de ratificar que lo hará «cada vez que haga falta».
Con quien lleva meses solicitando mantener un nuevo encuentro la asociación de afectados es con Ábalos, pero en las últimas semanas fue la presidenta de Adif quien les trasladó su voluntad de verse con ellos.
«Hay una investigación judicial que, en definitiva, es la que importa a la hora de depurar responsabilidades, porque la investigación gubernamental va más bien dirigida a las causas técnicas (…), pero no depura responsabilidades judiciales», ha señalado.
Al margen de la causa judicial y las eventuales consecuencias penales, en el plano político (en el que las víctimas también reclaman depuración de responsabilidades), la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados terminó sus trabajos sin llegar siquiera a empezar a redactar sus conclusiones sobre el accidente, al disolverse las Cortes con el adelanto electoral.
A algo más de un mes de que se conmemoren seis años de esta tragedia, el cierre de la investigación en el juzgado sigue pendiente de los recursos planteados por las partes a la Audiencia Provincial de A Coruña, que, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), todavía no los había recibido a finales de mayo.
El magistrado instructor, Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, dio este paso, previo a la apertura de juicio oral, con las imputaciones del maquinista y el exjefe de seguridad de Adif por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave, el primero por circular con un exceso de velocidad y el segundo por deficiencias en el análisis de riesgos.
El accidente ocurrió el 24 de julio de 2013, a las 20:41. El Alvia que hacía el recorrido entre Madrid y Ferrol (A Coruña) descarriló a escasos tres minutos de la estación de Santiago, en la curva de A Grandeira, en Angrois.
Francisco José Garzón, el maquinista, reconoció que había entrado en la curva a 190 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad indicada (80 km/h). La caja negra determinó que frenó siete segundos antes del impacto y que el tren circulaba a 179.
Garzón contó que justo antes de activar el freno estaba hablando por teléfono con el interventor del convoy.
«Me despisté», admitió en la comisión de investigación en el Congreso.
Dijo que está arrepentido y que ojalá hubiese fallecido él si con ello se hubiese podido evitar una sola de las muertes. También denunció que «era un accidente anunciado».
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