La Fiscalía de Baleares ha dictado hoy una instrucción mediante la cual los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podrán actuar «directamente y de forma inmediata» para llevar a cabo desalojos «sin necesidad de solicitar medidas judiciales» cuando la ‘okupación’ de un inmueble «revista características de delito».
En ella, el fiscal superior de las Islas Baleares, Bartolomé Barceló Oliver, explica que podrán desalojar a los ocupantes ilegales y llevar a cabo su detención, si procede, instruyendo el correspondiente atestado en el que se incluirán, además, aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos.
La instrucción detalla que «solo cuando existan dudas sobre la naturaleza delictiva de la conducta se solicitarán previamente las medidas judiciales».
La Fiscalía de las Islas Baleares informa que se ha dictado esta instrucción «ante el grave problema social y jurídico» relativo a la ocupación ilegal de inmuebles, que «va en incremento».
Señala que con ella se pretende «unificar criterios en la actuación policial para garantizar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio de los ciudadanos, así como la posesión de los inmuebles por sus legítimos titulares».
«Todo ello, sin perjuicio, de que cuando los ocupantes sean personas en riesgo de exclusión social se dé cuenta, previo consentimiento de los afectados, a los servicios sociales correspondientes para que no queden desamparados», añade.
El fiscal Bartolomé Barceló pide que se dé traslado de la misma a todos los fiscales de la Fiscalía de Baleares, al Jefe Superior de Policía y al Coronel Jefe de la Guardia Civil para que las unidades de policía judicial se atengan a ella, así como a los jefes de las policías locales.
En la instrucción se plantean los diferentes escenarios que se pueden dar: la ‘okupación’ de inmuebles y viviendas ocupados por su titular; la ‘okupación’ del domicilio de una persona jurídica y de un establecimiento abierto al público; y la de inmuebles desocupados.
En esta última variante se detallan dos modalidades distintas: la ‘okupación’ sin autorización y la que se produce al mantenerse contra la voluntad del dueño.
Según ha publicado El Confidencial, «los okupas han dado con la tecla definitiva para extorsionar a los propietarios: asaltar edificios nuevos o recién rehabilitados días antes de la entrega de llaves», y «así se aseguran de que el promotor de la obra les pagará lo que ellos pidan para largarse».
«No hacerlo significaría la ruina del empresario, ya que tendría que cancelar la venta de todas las viviendas e iniciar un largo proceso judicial para expulsar a los okupas», detalla, y avisa de que algunas bandas ya han empezado a sacar provecho de este negocio.
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