La Audiencia de Barcelona confirma procesar a 46 policías por las cargas del 1-O
La Policía en un colegio electoral de Barcelona el 1-O. Foto: EP

La Audiencia de Barcelona confirma procesar a 46 policías por las cargas del 1-O

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08/2/2024 13:42
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Actualizado: 08/2/2024 16:23
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La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la decisión del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio a un total de 46 agentes de la Policía Nacional por las cargas en las diferentes escuelas de la ciudad de Barcelona durante la celebración del referéndum del 1 de Octubre del 2017 declarado ilegal por el Tribunal Constitucional

La Audiencia, que ha rechazado todos los recursos de apelación presentados por las defensas de los agentes y por las acusaciones -casi medio centenar-, reafirma así el criterio del instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral de los votantes.

En un auto, el tribunal descarta imputar a más agentes -motivo de los recursos de apelación de las acusaciones, en particular de mandos-, pero también descarta archivar la causa contra ninguno denegando las peticiones de sus defensas, con el apoyo mayoritario del Ministerio Fiscal.

El auto establece que “la calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público al que se refiere el arte. 175 CP».

la Audiencia confirma el auto del juez Francisco Miralles de enero del 2023 en el que acordó incoar procedimiento abreviado contra 45 funcionarios públicos del Cuerpo Nacional de Policía y sobreseer provisionalmente el procedimiento contra otros 17 agentes y de forma definitiva respecto de otros tres. El propio juez amplío posteriormente las diligencias a dos agentes más pero en mayo decretó la extinción de responsabilidad de otro que había fallecido. 

El juez en enero del 2023 hizo un pormenorizado relato de lo ocurrido el 1-O en distintos colegios a partir de los testigos recabados y los vídeos existentes y dictaminó continuar con el procedimiento en todos aquellos casos en que no aprecia proporcionalidad en el actuar de los agentes tras recordar que los agentes fueron destinados a Barcelona para cumplir con la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que les obligaba a impedir el referéndum «sin afectar a la normal convivencia ciudadana».

En este sentido, la Audiencia de Barcelona señala que «no puede justificarse cualquier conducta en la existencia de una orden judicial que provocó la intervención para invocar las eximentes» invocadas por algunos recursos de las defensas.

IES PAU CLARIS: PATADA DESDE LA ESCALERA

En el auto que ahora confirma el tribunal, el instructor concluyó que en el IES Pau Claris «claramente los responsables del operativo policial no cumplieron sus obligaciones de supervisión de la acción de los agentes bajo su responsabilidad, ya que, como se ha dicho en resoluciones anteriores en este juzgado y por diversos autos de la Audiencia de Barcelona, la actuación policial fue claramente desproporcionada en general».

En este se colegio se ha identificado al policía que saltó desde una escalera para dar una patada sobre un hombre y están procesados tres agentes que aparecen en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.

ESCOLA MEDITERRNIA: PORRAZOS EN LA CARA

Sobre la Escola Mediterrània, donde hubo 20 denunciantes y entre los heridos un hombre de 82 años, el juez relata a partir de las imágenes de la jornada.

«Los agentes se dirigen de forma directa hacia la multitud y, sin mediar palabra, advertencia o requerimiento alguno, empiezan a empujar a las personas allí congregadas, iniciando una situación violenta de gran confusión que va aumentando hasta el punto de observarse personas empujadas al suelo, una persona con la cara ensangrentada y un agente golpeando con su defensa en la cara de las personas que ya están desalojadas».

El juez constató que el responsable del dispositivo incumplió la normativa policial al ordenar actuar de esta forma, y añade que «en este colegio se llevó a cabo una auténtica carga policial, que por su modo de llevarse a cabo y su falta de anuncio resultó en diversos resultados lesivos».

Procesa al jefe de este dispositivo, y a siete policías más, entre los que destaca de uno su «actuación especialmente grave»: golpeó con la porra en la cara a varias personas ya desalojadas, dio patadas a una persona que intentaba levantarse del suelo y golpeó en la cara a otra persona que intentaba ayudarle.

El tribunal hace una cerrada defensa de la instrucción del juez «con criterios racionales, coherentes objetivos y desapasionados, sin atisbo alguno de contaminación política i ideológica» y riñe a las acusaciones al señalar que ello «es más de lo que puede decirse del contenido de los recursos».

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