El Ministerio Fiscal ha mantenido hoy, durante la exposición de las conclusiones definitivas del ‘caso Son Espases’, la petición de un año de cárcel para el expresidente balear y exministro Jaume Matas y una multa de 31,6 millones de euros por un presunto delito de tráfico de influencias.
Matas admitió el pasado lunes, a preguntas de la presidenta del tribunal de la Sección Sección Primera de la Audiencia de Baleares, Rocío Martín, haber cometido un delito de prevaricación continuada y fraude a la administración, pero no el de tráfico de influencias.
Al admitir esos dos delitos, Matas será condenado a cuatro meses de cárcel de cumplimiento efectivo y a 7 años y 2 meses de inhabilitación, por el intento de manipulación del concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases con el objetivo de beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.
Ahora el tribunal tendrá que discernir si también cometió un delito de tráfico de influencias.
El fiscal Juan Carrau ha defendido que «la realidad» es que en este caso el tráfico de influencias «se ha llevado por una doble vía», mediante la influencia en la decisión del órgano de contratación y también en la mesa de contratación».
En un sentido similar se ha manifestado la abogada de la Comunidad, Ángeles Berrocal, y ha señalado que «Matas influyó en todo lo que pudo para que ganase OHL, algo que se frustró solo por su filtración a la prensa».
«Hay un tráfico de influencias porque se busca una resolución», ha dicho Berrocal, y ha señalado que «la manera de influir es de las más graves que se ha visto en la Comunidad por la manera directa y reiterada; llegando al punto en que se envió una carta a la Mesa de Contratación de Son Espases».
«Nadie puede influir en una mesa de contratación y la influencia llegó a tal punto que se suspendió la Mesa», ha dicho.
El abogado José Zaforteza, que defiende a Matas, ha sostenido que hubo fraude y prevaricación al contratar de manera directa a Global PM, empresa que valoró las ofertas del concurso de Son Espases y dio como ganadora a OHL. Cabe destacar que finalmente esta no se hizo con el contrato debido a que se filtró a la prensa.
El letrado ha negado que se produjera tráfico de influencias, y ha indicado que si esto fuera así tendrían que estar acusados por esto también «Castillo, Beltrán y OHL».
LOS OTROS TRES ACUSADOS TAMBIÉN ADMITIERON HABER COMETIDO PREVARICACIÓN Y FRAUDE
En este juicio, que comenzó el pasado lunes, también se sientan en el banquillo de los acusados la exconsejera de Salud, Aina Castillo, el exdirector general del Servicio Balear de Salud Joaquín Sergio Beltrán, y el empresario Jesús Peinado.
Los tres también admitieron haber cometido prevaricación y fraude, y llegaron a un acuerdo con el Ministerio Fiscal por distintas penas menores de cárcel que serán sustituidas por multa.
Castillo deberá pagar 4.800 euros, mientras que Beltrán y Peinado, 5.760 euros cada uno.
Además, los cuatro tendrán que abonar 2.950 euros en concepto de responsabilidad civil.
A la hora de negociar las penas, la Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño por parte de Matas y dilaciones indebidas para todos.
MATAS LLEVA YA UN AÑO EN LA CÁRCEL POR EL ‘CASO NÓOS’
Matas está preso en la cárcel de Aranjuez desde el 13 de junio del año pasado -hoy hace un año-cumpliendo una condena de tres años y ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial por el ‘caso Nóos’, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos.
Anteriormente ya había cumplido otros nueve meses en la prisión de Segovia por un delito de tráfico de influencias por una pieza del caso ‘Palma Arena’ sobre la contratación irregular de un articulista para la redacción de sus discursos.
A principios de octubre de 2018 Matas también se sentó en el banquillo por el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para “beneficiar” a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP en los años 2003 y 2007, por el que se enfrenta a 9 años.
Además, este pasado abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, dictó apertura de juicio oral de la pieza separada 16 del ‘caso Palma Arena’ en el que Matas está acusado de los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración.
La magistrada pidió una fianza solidaria para el exministro de 93.289 euros.
Este caso gira entorno al presunto fraccionamiento irregular de contratos y al cobro de comisiones en la construcción del velódromo.
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