El ex presidente del Gobierno Balear y exministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, reconoció ayer haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación al haber utilizado fondos públicos que beneficiaron a la mercantil Over Marketing y Comunicación, S.L., empresa que hizo las campañas electorales del PP de 2003 y 2007.
Tras el pacto alcanzado con la Fiscalía, Matas, que cumple actualmente condena en la cárcel de Aranjuez, Madrid, la pena de prisión, rebajada a 2 años y medio respecto de la petición inicial, ha sido sustituida por una multa de 18.000 euros.
Previamente, Matas abonó su parte de responsabilidad civil que es de 10.000 euros.
Cuando la presidenta del tribunal, Mónica de la Serna, le preguntó si reconocía los hechos y aceptaba las penas, el expresidente balear contestó que «absolutamente».
El juicio continuará hoy con la declaración de Daniel Mercado Lozano, que era administrador de la empresa Over Marketing y Comunicación, S.L.
El miércoles será el turno de declarar de Matas.
Además, para el día 14 de noviembre está citado, como testigo, el jefe de Auditoría interna del PP.
Matas fue trasladado desde Aranjuez al Centro Penitenciario de Palma el lunes 24, donde ingresó en junio después de que el Tribunal Supremo ratificase su condena a tres años ocho meses de cárcel por el caso Nóos.
Fue condenado por un delito continuado de prevaricación en concurso medial, por uno de falsedad en documento público y por un delito de malversación de caudales públicos.
«FALTA DE COMPETENCIA OBJETIVA»
En otro sentido, el abogado de José María Rodríguez Barberá, exconseller de Interior del Gobierno Balear y exsecretario general del PP de las Islas, indicó que su defendido es aforado por lo que se produce una «falta de competencia objetiva» para ser investigado por el juzgado que lo ha hecho.
En respuesta tanto el representante del Ministerio Fiscal, Miguel Ángel Subirán como la de la Abogacía de la Comunidad autónoma, María Dolores Berrocal, explicaron que esto no era así y, en contra de lo que esgrimía el abogado, no hubo «indefensión material».
Respecto a esto, además, Berrocal, dijo que cuando se inició la instrucción Rodríguez «ya no gozaba de ese privilegio».
A este respecto, la presidenta del Tribunal señaló que la petición de la defensa de Rodríguez es «extemporánea» y «susceptible de vulnerar la buena fe procesal».
Rodríguez se enfrenta a una pena de cinco años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. EP.
