El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha rechazado citar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como investigada en la pieza del caso Lezo.
En dicha instrucción se indagan las supuestas irregularidades en la adjudicación y construcción del campo de golf del Canal de Isabel II, en el barrio madrileño de Chamberí, en 2007, tal y como había pedido el PSOE.
En un auto dictado este viernes, el juez razona que la solicitud del PSOE, personado en la causa como acusación popular, «se apoya en un artículo periodístico que a su vez, dice que se basa en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que no existe en absoluto en el procedimiento».
Y con esa «base irreal» pretende la adopción de diligencias.
Añade que la petición se interesa para «constatar la presunta prevaricación administrativa» en el Consejo de Gobierno presidido por Aguirre que en 2007 dio luz verde al proyecto.
Momento en el que aquel acuerdo fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después por el Supremo y sin que ninguna de las acusaciones «haya aportado ningún elemento indiciario nuevo que otorgue relevancia penal a aquella decisión administrativa».
«No son en absoluto identificables los conceptos de nulidad de pleno derecho y prevaricación, no bastando la mera ilegalidad; sólo cuando la injusticia es tan notoria que la convierta en arbitraria podríamos entender que nos encontramos ante un ilícito penal», añade el juez.
En línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, rechaza las diligencias que pedía la acusación popular.
En concreto, el PSOE había solicitado al juez que «los principales actores implicados en el procedimiento de construcción de la cancha de prácticas de golf en el Canal presten declaración en calidad de investigados», incluida Aguirre y los exconsejeros que votaron a favor de aquellas obras.
FUE IDEA SUYA
Su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, se basaba en lo declarado por la propia Aguirre en marzo de 2018 en la comisión de investigación de la Asamblea.
Se atribuyó la idea de levantar «en una zona de 12 hectáreas, que era la cubierta del tercer depósito, un lugar de disfrute de los ciudadanos de Madrid, y no solamente de parque, sino de instalaciones deportivas y, en especial, de una cancha de prácticas de golf».
Para los socialistas, esto «demuestra» que la expresidenta tenía «un claro conocimiento de la tramitación» del proyecto.
Pero apunta que «no sólo del inicio del procedimiento, que reconoce como propio», sino de las «vicisitudes del mismo», ya que explicó en la misma comparecencia en la Asamblea de Madrid que el Ayuntamiento de la capital no quería otorgar la licencia para la construcción del campo de golf .
