El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado al ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, para que declare esta semana en calidad de investigado.
El motivo serían los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González al ex comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Según han confirmado Europa Press en fuentes jurídicas, Corrochano ha sido citado junto a otras ocho personas entre las que se encuentra el abogado y socio de Villarejo Rafael Redondo, para comparecer en la Audiencia Nacional los próximos 4 y 5 de Julio.
Se trata de la novena pieza separada del llamado caso Tándem, que investiga las actividades ilícitas de Villarejo y entre las que figuran contratos millonarios para desempeñar supuestas labores de inteligencia para el BBVA.
Tareas estas en las que de acuerdo a los investigadores se habría servido de su condición de policía y que habrían incluido escuchas y espionaje a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una macrocausa en sí misma
De acuerdo a las mismas fuentes consultadas, la relación entre mercantiles del comisario, como el grupo CENYT, y BBVA se habría prolongado durante una década en la que se sucedieron encargos para tareas diversas.
Esto ha convertido esta pieza separada en una macrocausa en sí misma con numerosas ramificaciones, incluida la que señala directamente a Corrochano como presunto interlocutor de Villarejo con la dirección del banco.
La parte más conocida de esta pieza que permanece bajo secreto es la relativa a la ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco.
Según publicaron Moncloa.com y El Confidencial, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005.
En ese momento también estaba incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.
Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.
