Este jueves se ha presentado en el Consejo General de la Abogacía Española el XIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita en España, elaborado por Abogacía Española y Wolters Kluwer y que cuenta con el apoyo de Santander Justicia.
En la presentación han participado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la presidenta de Wolters Kluwer en España, Rosalina Díaz; el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, y el responsable de Santander Justicia, Jorge Gutiérrez.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española ha sido la encargada de abrir el evento, valorando la situación que vive en España actualmente la justicia gratuita:
«Trabajamos para conseguir lo que inicialmente se había logrado, el baremo con un carácter mensual, pero que posteriormente se perdió, y a ver si conseguimos volver a este ritmo con carácter mensual«.
«Otro de los aspectos es homogeneizar los criterios en las diversas Comunidades Autónomas«, añadía.
Por otra parte, asegura que «hemos llegado a los niveles de inversión en justicia gratuita de 2009. Hubo un bajón muy pronunciado como consecuencia de la crisis. Esto no supone que haya habido un incremento en el total. Se había disminuido y ahora hemos vuelto a ese nivel de 2009″.
Además, afirma que «está en la mente del ejecutivo, y lógicamente en la nuestra, avanzar en estas cifras. Había existido esa subida, no parece que sean las cuantías suficientes. Para eso también hay que tener en cuenta a las comunidades autónomas. Cuando digo esto, la pretensión es igualar al alza».
«Tras 15 años con la congelación de las garantías indemnizatorias hubo un desbloqueo»
También señalaba que «después de 15 años con la congelación de las garantías indemnizatorias hubo un desbloqueo. Hay que reconocer que esto es significativo y tiene su importancia».
Antonio Morán apunta que han advertido que la recuperación de los niveles ha sido una respuesta en base a la disminución de los asuntos. «El número de asuntos totales con justicia gratuita siempre han ido creciendo».
En contrapunto, ha dicho que «la situación no mejora y es una de las reclamaciones que hace el grupo de expertos, que la mayoría no son abogados, y es la atención de los poderes públicos. En justicia muchas CCAA tienen transferencias en esta materia».
Argumentaba que «la media en todo el estado español es que cada ciudadano debe aportar 5,7 euros para sustentar este sistema. Hay ciertos territorios en los que el nivel de población es mayor, y por tanto la inversión es mayo, y en otros sencillamente es menor».
«Si este sistema con 269 millones cubre las necesidades de los ciudadanos podemos estar satisfechos», sentenciaba. «Hay también una gran igualdad entre hombre y mujeres en este sector, La tendencia solo cambia en los servicios específicos de violencia de genero».
En cuanto al entramado informático, ha dicho que «desde la Abogacía Española se creó un sistema informático para poder tratar telemáticamente todos los expedientes a los que tuviéramos oportunidad de informar, para que sea la administración quien decida posteriormente.
«De los 1,8 millones de procesos que se han tramitado, ha habido solo 5.733 quejas, y solo ha habido algo más de 200 expedientes sancionadores. El grado de compromiso y responsabilidad de nuestros compañeros nos enorgullece».
Compromiso y avance tecnológico
La presidenta de Wolters Kluwer en España, Rosalina Díaz, también ha querido dar su punto de vista, y ha señalado que «el comité de expertos hace unas recomendaciones muy importantes. El tema de crear una comisión de seguimiento también me ha parecido muy interesante».
«Para nosotros colaborar con el Consejo es muy importante, no solo en el tema del observatorio, sino también en datos de la Abogacía, temas tecnológicos…».
Añadía que «un informe de Wolter ha arrojado que los abogados que están a la vanguardia tecnológica indica que están más preparados para el futuro. Queremos colaborar de cara al futuro».
Jorge Gutiérrez, representante del Banco Santander, ha asegurado que el objetivo de la justicia gratuita va muy en consonancia con su valores.
«El intentar ayudar a progresar a las empresas y a las personas. Llevamos 17 años de contratos con el Ministerio y llegaremos a los 20. Siempre vamos a estar allí, deseamos la máxima difusión de este informe», finalizaba.
