La complejidad de los comportamientos delictivos exige la legal colaboración institucional entre los distintos poderes del Estado para poder combatir la corrupción y la delincuencia económica con mayor eficacia, según manifestó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de su intervención en el curso “Delitos y Administración pública” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.
En este sentido, Luzón confirmó que la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción ha implicado una mejora en la persecución de estos delitos.
Precisamente, son estas conductas delictivas las que más preocupan a los funcionarios y, de forma específica, aquellas que afectan a la Administración Pública y a sus funcionarios, según los representantes de la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Abogados del Estado, coorganizadores del curso.
Luzón fue el encargado de abrir el curso con la conferencia “La colaboración de la Administración y las instituciones en la investigación de la delincuencia económica”.
El magistrado del Tribunal Constitucional y anteriormente teniente fiscal del Tribunal Supremo, Antonio Narváez, disertó, durante su intervención, sobre los “Delitos cometidos por los funcionarios públicos: consecuencias jurídicas para las administraciones”.
Narváez centró su intervención en la responsabilidad patrimonial de la Administración con referencias a cuestiones prácticas y al criterio novedoso del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión en relación con la prisión preventiva sufrida por alguien que finalmente es absuelto.
A propuesta de la Asociación Profesional de la Magistratura ayer participó, como ponente, el exfiscal general del Estado y ahora magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar.
La intervención de Sánchez Melgar versó sobre los comportamientos poco éticos, las actividades prohibidas a los funcionarios públicos y el tráfico de influencias.
Medidas adoptadas en la Administración Pública
Además de analizar los mecanismos de colaboración entre la Administración de Justicia y la Administración Pública en la investigación de los delitos de corrupción y de repasar las reformas legislativas y prácticas que se han adoptado en los últimos años, uno de los objetivos de estas jornadas ha sido abordar la cuestión desde la perspectiva de la propia Administración Pública.
Se han examinado qué medidas se han adoptado en los organismos públicos para la prevención, detección y persecución de los posibles delitos cometidos en su seno.
Bajo la dirección de la abogada del Estado Lucía Pedreño, en este curso han participado también como ponentes el magistrado del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo, que fue uno de los 7 magistrados del tribunal del “procés”, así como Fernando Bertrán y Ruth Álvarez, ambos abogados del Estado.
Esta nueva edición de los cursos de la UIMP ha contado con la presencia de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, así como de numerosos asociados y miembros de la Ejecutiva.
