La Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat, responsable del mantenimiento de los sistemas informáticos de la Administración de Justicia en Cataluña, en su afán por afear, a toda prisa, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el haber hecho pública la supuesta intromisión en las bases de datos jurisdiccionales, lo confundió con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), máxima autoridad judicial en esa Comunidad Autónoma.
Fuentes oficiales del CGPJ, confirmaron ayer a Confilegal la «inexistencia de cualquier tipo de comunicación de esa Consejería con el órgano de gobierno de los jueces. Nadie de la Generalitat de Cataluña se ha dirigido a nosotros ni hemos recibido ninguna misiva».
«La única comunicación que ha habido se produjo ayer y fue por parte nuestra, tras el acuerdo de la Comisión Permanente en la que les requerimos que paralizaran cualquier tipo de intervención, que nos explicaran lo que habían hecho y que colaboraran con nuestra gente del CENDOJ, a los que les encargamos la investigación de lo ocurrido», añadieron.
La mencionada Consejería, que dirige Jordi Puigneró, explicó ayer, a través de la Agencia Europapress que «el CGPJ les envió el miércoles una carta pidiéndoles explicaciones por esta cuestión, y han lamentado que se haya hecho pública la investigación sin darles la oportunidad de aclarar lo ocurrido».
La única carta que dicha Consejería recibió fue la que le envió la Sala de Gobierno del TSJCat, presidida por Jesús María Barrientos, y fue el mismo acuerdo que envió a la Comisión Permanente del CGPJ ese mismo miércoles.
Es evidente que la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública confundió el rol del TSJCat con el del CGPJ, máxima Autoridad de Protección de Datos de los juzgados y tribunales en toda España.
Es un desconocimiento que, desde el CGPJ, consideran «muy preocupante».
La Comisión Permanente del CGPJ actuó, el pasado jueves, de forma muy contundente, a requerimiento del TSJCat, ordenando a la Generalitat la paralización de toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre las bases de datos jurisdiccionales y los sistema de gestión procesal que mantiene, al servicio del poder judicial en Cataluña.
Les dieron, además, 15 días para informarles, de manera pormenorizada, de todos los accesos que se hayan producido en los sistemas informáticos de los órganos judiciales de Cataluña.
Las alarmas saltaron, entre algunos jueces, a finales de la semana pasada y a principios de esta cuando en las pantallas de sus ordenadores apareció una pantalla que les decía que si querían acceder a ellos tenían que darle a aceptar.
Les informaban, eso sí, sobre la «vigencia y aplicabilidad» de la instrucción 3/2018 de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat, por la que podían acceder a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia para llevar a cabo actividades de «control y seguimiento», incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes.
Y se podía entender que con carácter general.
Traducido al «román paladino»: Que podían tener acceso a todos los ficheros jurisdiccionales. Algo que tienen absolutamente prohibido. Porque contienen todo tipo de datos sensibles, cuya protección, como Autoridad de Protección de Datos, corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
