La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la Carrera, ha reclamado este lunes a la Fiscalía General del Estado que averigüe si la Generalitat ha accedido indebidamente a los ordenadores de jueces y fiscales.
Esto «vulneraría así su derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales».
La petición se produce unos días después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciara una investigación tras conocer que, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces y magistrados destinados en esa comunidad apareciera un mensaje sobre la «vigencia y aplicabilidad».
Todo sobre una determinada instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat informando de la posibilidad de acceso a determinadas aplicaciones informáticas (TIC).
Según advierte la Asociación de Fiscales en una nota de prensa, estos ordenadores «contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección».
Por ello, la asociación pide a la Fiscalía General de Estado que realice las «oportunas gestiones para averiguar estos hechos».
Al mismo tiempo, exige al gobierno catalán «que se abstenga de realizar conductas que puedan suponer una injerencia en el derecho al entorno digital de fiscales y jueces, «afectando estos comportamientos al derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la protección de datos contenidos en los expedientes judiciales».
MECANISMOS DE PROTECCIÓN
Asimismo, la Asociación de Fiscales considera que la Fiscalía General del Estado, junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debe exigir al Ministerio de Justicia «la implantación de un nuevo sistema informático único en todo el territorio nacional y común para jueces y fiscales».
Esperan que este «esté libre de toda injerencia de los poderes públicos y dotado de los adecuados mecanismos de protección».
De hecho, esta es una de las reivindicaciones que la Asociación de Fiscales viene planteando reiteradamente en los últimos años «sin que, por el momento, el Ministerio de Justicia haya considerado oportuno sentarse a discutir esta medida», lamenta esta organización. EP.
