Están destinados en los cuatro puntos cardinales de España. Son 233 y con una carta de apoyo a la fiscal general del Estado, María José Segarra, han querido cerrar filas de forma pública en torno a ella, al estilo «Fuenteovejuna», frente a las críticas recibidas por haber respetado el criterio de los cuatro fiscales de Sala –Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza– de mantener la acusación de rebelión para los procesados en el caso «procés».
Y también el de los dos miembros del Ministerio Fiscal de la Audiencia Nacional, –el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira– que también han mantenido la acusación de rebelión contra el exmayor de los «Mossos d’Esquadra», Josep Lluis Trapero y tres procesados más.
Fue el 2 de noviembre de 2018.
Un día histórico que, desde Confilegal, titulamos «Día de la Independencia del Ministerio Fiscal».
La Abogacía del Estado, órgano que depende jerárquicamente de la titular del Ministerio de Justicia, Dolores Delgado, se plegó a la consigna emanada de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y rebajó su petición de rebelión –después de haberla mantenido hasta el pasado mes de agosto– a sedición para el exvicepresidente del gobierno autonómico catalán, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad).
Lo mismo que para Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, y para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de ANC y Ómnium Cultural, las dos asociaciones separatistas.
CRÍTICAS DESDE EL PSOE
Precisamente ese respeto a la profesionalidad de los seis fiscales es lo que se le achaca desde las fuerzas políticas «progresistas», porque al no seguir el mismo camino que la Abogacía del Estado, hace más difícil cualquier tipo de acuerdo futuro con las fuerzas separatistas.
Un respeto que podría costarle su continuidad en el futuro Gobierno que pudiera formar el PSOE.
«Corren tiempos complicados para el Estado de Derecho y no nos corresponde a los fiscales, como servidores públicos que somos, realizar valoraciones más allá de las estrictamente jurídicas en el curso de los procedimientos judiciales», afirman los 233 representantes del Ministerio Público que firman en escrito, al que ha tenido acceso Efe.
«Ello no impide que traslademos a la ciudadanía nuestro reconocimiento y gratitud por la magnífica labor de la fiscal general del Estado en defensa de la independencia del Ministerio Fiscal y su sumisión exclusiva al imperio de la Ley», añaden.
Los que suscriben el escrito de apoyo le dan las gracias «por hacer visible el trabajo discreto y minucioso de muchos compañeros, por dignificar» su tarea y «por dar una lección pública de la importantísima función constitucional» que tienen, por lo que consideran «un orgullo» que ocupe el puesto que desempeña desde junio de 2018.
La carta de apoyo se originó en la Fiscalía Provincial de Sevilla, de la que fue fiscal jefe Segarra hasta su nombramiento como fiscal general del Estado.
Y fue suscrita, de un modo espontáneo, por fiscales de todo el país.
Entre otros firmantes están la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y fiscal del Tribunal Constitucional, Teresa Peramato, asociación a la que pertenece la fiscal general del Estado, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo, Juan Carlos López-Coigel (UPF); el fiscal superior de Canarias, Luis del Río (UPF); el fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio (de la Asociación de Fiscales); el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero (AF); el de Algeciras, Juan Cisneros (AF); el de Ceuta, José Luis Puerta; y el de Almería, Antonio Pérez (UPF).
