La Unidad de Actuaciones Previas del Tribunal de Cuentas dictó actas de liquidación provisional por un valor superior al medio millón de euros entre los meses de abril y junio, y entre las que destacan tres.
Con ellas, este órgano el fiscalizador busca recuperar 538.810,97 euros que sospecha pueden haber gastado gestores públicos mediante facturas falsas y abonos irregulares.
La primera de estas tres actas está relacionada con las irregularidades planteadas por el Ministerio Fiscal a raíz de una comunicación que recibió del consejero gerente de Patrimonio Nacional sobre las cantidades cobradas por una trabajadora de este organismo, que tenía encomendada la gestión de facturas de los equipos de protección personal.
La Unidad de Actuaciones constató la supuesta falsificación de facturas, materia que se encuentra en estos momentos un juzgado madrileño.
El importe estimado en el acta de liquidación provisional fue de 104.977,04 euros cuya responsabilidad se atribuye presuntamente a la citada trabajadora.
También a raíz de un escrito del fiscal, el tribunal ha investigado irregularidades detectadas en la gestión de la Confederación Hidrográfica de Duero que se refieren fundamentalmente, a la ejecución de dos contratos tramitados por la Confederación y por el Ministerio, en un caso, y por Tragsa a través de una encomienda de gestión, en otro.
PARTIDAS EN CONTRATOS NO EJECUTADOS
El Tribunal ha comprobado que existen partidas en los contratos que no han sido ejecutadas, pero que fueron incluidas en la liquidación de los mismos y ha apreciado, también, la existencia de partidas duplicadas.
En concreto, el importe estimado en el acta se cifra en 342.623,64 euros y la responsabilidad se atribuye presuntamente a la directora general del Agua, al ingeniero director de la obra, al jefe del Área de proyectos de la confederación y al inspector coordinador de la DR. General del agua designado para constatar la efectiva ejecución de las obras.
Además, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado solicitaron al tribunal que abriera una investigación tras conocer el informe realizado por la Oficina Nacional de Auditoría a la Fundación UNED correspondiente a los años comprendidos entre 2013-2015.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Ese informe señalaba una serie de irregularidades detectadas en la gestión de las distintas actividades formativas realizadas por la fundación, y que se concretan en: la ejecución de gastos incumpliendo la normativa específica reguladora de la formación; el abono irregular de dietas; defectos en la gestión contractual; la realización de gastos sin justificación y fuera de plazo y gastos de material informático sin justificación.
Después de una exhaustiva instrucción, la Unidad de Actuaciones Previas entendió que hubo un perjuicio a los fondos públicos de 90.210,29 euros (incluidos los intereses) y señaló como presuntos responsables a los directores de los cursos o proyectos y a las personas de la Fundación UNED que procedían a la autorización del pago de dichos gastos. EP.
