La consejera de Presidencia y portavoz del ‘Govern’, Meritxell Budó, ha anunciado este martes que iniciará los trámites legales para llevar al Estado ante los tribunales por no haber transferido los ingresos pendientes de 2019.
En la rueda de prensa tras el ‘Consell Executiu’, la consejera ha rechazado el argumento legal del Ejecutivo central para no hacer efectivo el pago –que es un Gobierno en funciones– porque «es una acción administrativa ordinaria y es legalmente exigible a un Gobierno en funciones».
«Una vez más, el Gobierno del Estado proyecta sus problemas internos al resto de administraciones», ha reprochado, y ha afirmado que otras comunidades autónomas han seguido el ejemplo de Cataluña y estudian emprender medidas legales.
En respuesta a los periodistas, ha explicado que el Govern no prevé realizar una acción legal conjunta con ellas, pero ha desvelado que sí ha habido «comunicación» entre las comunidades afectadas y que desde Castilla y León y desde Galicia se les ha explicado que también prevén optar por la vía legal.
El ‘Govern’ cifra la deuda que reclama al Estado en 1.317 millones, una cantidad que procede de la mejor recaudación de 2019 –874 millones–, pero también de una parte del IVA de 2017 que «se tenía que liquidar este año», que asciende a 443 millones.
Preguntada por el informe de la Abogacía del Estado que esgrime el Gobierno para no hacer efectivos los anticipos, ha explicado que no se les ha «facilitado», que sabe que el grupo del PP en el Congreso lo ha pedido y que los diputados de ERC y JxCat en la Cámara Baja también lo han hecho.
EL CONTENCIOSO
Budó ha relatado que el paso que da este martes el ‘Govern’ con la aprobación de emprender medidas legales, era un paso previo «necesario» para poder presentar el contencioso administrativo contra el Estado.
La consejera ha explicado que ya hay un informe de la asesoría jurídica de la Generalitat que pone de manifiesto los puntos legales en que se basará el contencioso administrativo que presentarán «en los próximos días» y que refuta la alegación del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
Así, el contencioso se basará en que «en ningún caso los anticipos pueden ser considerados como partidas de gasto de la administración general del Estado afectadas por la situación de prórroga presupuestaria».
El Ejecutivo catalán entiende que se trata de ingresos de las comunidades autónomas y la titularidad de estos deriva de unas normas con carácter de ley aprobadas por las comisiones bilaterales.
El contencioso se basará también en que los anticipos se constituyen en base a los principios de garantía de suficiencia financiera para atender al cumplimiento de las obligaciones que se quieren prestar «imperativamente» a las comunidades autónomas.
«Por ese motivo, los anticipos no tienen constatación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y por tanto se entienden como un acto administrativo», ha puntualizado Budó.
Ha recordado que, pese a que no se aprobaron los PGE, sí se realizó la elaboración del proyecto de ley de los PGE, que es donde se realiza la estimación de esos anticipos. EP.
