El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha desestimado el recurso de reposición del presidente catalán, Quim Torra, contra el señalamiento de su juicio por presunta desobediencia y confirma la diligencia en la que se fijaba para el 25 y 26 de septiembre.
En un decreto del letrado de la administración de Justicia del TSJCat, con fecha de hoy, se descarta que se hayan vulnerado garantías en el procedimiento y se confirma la fecha del juicio por no retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral.
Contra esta decisión no cabe recurso.
El letrado de la Administración de Justicia del TSJCat niega que en la causa se haya vulnerado las reglas de procedimiento que regulan el señalamiento de vistas orales y el derecho del investigado a un proceso con todas las garantías, y estima que el modo de proceder del tribunal «en modo alguno ha afectado o limitado los derechos de la defensa».
Respecto de la alegación de que la diligencia de ordenación del juicio se hizo sin tener en consideración la condición de presidente de la Generalitat de Torra, el TSJC señala que al tiempo de dictarla se consultó la agenda de Torra que, «en aquella fecha, y aún hoy, para la semana del 23 al 29 de septiembre no tenía ni tiene programada ninguna actividad».
Además, indica que «junto con el escrito de recurso no se ha acompañado documentación alguna que justifique realizar una valoración distinta del señalamiento efectuado».
Torra denunció «prisas» del TSJCat para juzgarle en unas fechas en las que estaba previsto celebrar en el Parlamento el Debate de Política General.
«Se trata de la demostración más evidente de la celeridad interesada de la justicia», dijo el presidente autonómico catalán tras conocer que se celebrará los días 25 y 26 de septiembre.
LA FISCALÍA PIDIÓ AL TSJCAT QUE MANTUVIERA LA FECHA
El fiscal Pedro Javier Ariche Aspe pidió el pasado 5 de septiembre al TSJCat que mantuviera el juicio a Torra para los días fijados, al no concretar éste ninguna causa de «fuerza mayor» que impida su presencia en el Juzgado.
El Ministerio Fiscal alegó, además, que el recurrente realizó una valoración parcial y descontextualizada de la resolución recurrida, ya que en la misma fecha se dictaron otras resoluciones que justifican la diligencia de ordenación impugnada; y defendió que el señalamiento se ha realizado conforme a derecho y no supone perjuicio alguno a la parte recurrente.
Además, destacó que en una sociedad «igualitaria y democrática» no es procedente invocar, sin mayor concreción, la existencia de «eventuales privilegios» con relación a las obligaciones de los justiciables para «evitarlas, eludirlas o demorarlas».
QUERELLA CONTRA TORRA ‘POR DESATENDER DELIBERADAMENTE EL MANDATO DE LA JEC’
Este procedimiento contra Quim Torra se abrió a raíz de una querella presentada por el fiscal superior Francisco Bañeres Santo el pasado 27 de marzo, que fue ordenada por la fiscal general del Estado, María José Segarra.
El artículo 410 del Código Penal prevé para el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra.
Reclama que se le inhabilite durante ese periodo para el ejercicio de funciones de gobierno o de cargo público de ámbito «local, autonómico, estatal o europeo».
Además, solicita que se le imponga una multa de 30.000 euros.
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