El director de Método3, Francisco Marco, ha comparecido como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional y ha identificado como propios, pero con alteraciones, dos informes que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo vendió a los administradores de Procisa.
Esta es la inmobiliaria promotora de la urbanización de lujo ‘La Finca’ (Madrid), en el marco de un encargo de Susana García Cereceda y su socio Francisco Peñalver para desacreditar a posibles herederos del emporio que dejó su padre, Luis García Cereceda.
En una comparecencia ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y los fiscales Anticorrupción, Marco ha aceptado el ofrecimiento de acciones para personarse en la tercera pieza separada de la causa.
En esta pieza, ‘Land‘, aparece como perjudicado y como acusación contra Villarejo por la apropiación de aquella documentación y la mercantilización que hizo de la misma, según informan en fuentes jurídicas.
‘Land’ investiga a Susana García Cereceda, su socio Francisco Peñalver y su jefe de Seguridad David Fernández por aquel encargo que arrancó en 2013.
Se desarrolló durante un año, tenía tres fases y un coste de 340.252 euros con los que Villarejo y los suyos querían desacreditar, entre otros, a la viuda de Luis García Cereceda, encontrando información íntima sobre ella que pudiera utilizarse para disuadirla en la pugna por la herencia.
Además de listados de llamadas y seguimientos, Villarejo entregó a sus «clientes» un informe elaborado por Método 3.
Estaba fechado el 18 de julio de 2012 que la propia Gómez Cuétara había encargado a la agencia de Marco a través de sus abogados para conocer la dimensión de la estructura accionarial, nacional e internacional de todas las empresas de su difunto esposo, incluidas sus sociedades off shore.
LOS INFORMES ESTABAN BAJO CUSTODIA POLICIAL
Villarejo ofreció a Susana García Cereceda un primer «avance» sobre Gómez Cuétara en febrero de 2013 con contenido del trabajo que un año antes, había realizado Método 3.
Marco ha reconocido ante el juez y los fiscales que efectivamente, parte de ese ‘avance’ era de su agencia, aunque ha incidido en que el contenido estaba modificado. El que sí era íntegro de Método3 era el definitivo que el comisario entregó después a sus clientes, en junio, de acuerdo a su declaración.
La cuestión es que el Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona, en el marco de la investigación de la Operación Cataluña, había ordenado registrar esta agencia de detectives meses antes, y la Policía Nacional se había llevado de allí todos los discos duros, también el trabajo sobre Procisa.
De acuerdo a la tesis de los investigadores, Villarejo se habría hecho con él «de forma ilícita» pues no contaba con permiso de ninguno de los implicados, ni con autorización judicial alguna, si bien aún está por esclarecer cómo lo consiguió.
En los audios que obran en la causa figuran dos versiones, pues él mismo dijo en una ocasión que lo extraía de una «fuente policial» y en otra, que recurría a un exempleado de la agencia de detectives.
La acusación popular que ejerce Podemos en esta causa ha preguntado en particular por dos de sus ex empleados, Julián Peribáñez, quien declaró ante el Parlament de Cataluña que colaboró con Asuntos Internos de la Policía Nacional en el caso La Camarga en 2017.
Y el policía en segunda actividad Antonio Giménez Raso, también salpicado en la llamada ‘Operación Cataluña’.
Marco ha afirmado que ambos trabajaban para Villarejo y de Peribáñez ha asegurado que estuvo cobrando mil euros al mes durante tres años a cuenta de los fondos reservados y de manos del comisario, según las mismas fuentes presentes en la declaración.
LOS TESTIGOS DE ‘KITCHEN’
Por otra parte, a lo largo de esta jornada el juez y la Fiscalía Anticorrupción han vuelto a tomar declaración a tres testigos en la pieza separada que investiga el uso de fondos reservados para costear un espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
El objetivo era sustraerle documentación sensible del partido que obraba en su poder.
En concreto, durante cerca de dos horas han pasado por la sala de vistas Miguel Ángel Bayo Herranz, el facultativo de la Dirección General de la Policía que se encargaba de trasladar los fondos reservados del Ministerio del Interior a la Dirección Adjunta Operativa.
También los adjuntos a la DAO del investigado Eugenio Pino, Manuel Benavides y Felipe Lacasa.
Asimismo, ha comparecido el perjudicado de la pieza separada número 8, el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, que habría sido objeto de una extorsión a manos de Villarejo por encargo de un tercero.
Este martes ha ratificado el contenido de la denuncia sobre este asunto que ya interpuso en la Fiscalía Anticorrupción y se ha formalizado su condición de acusación particular.
Este miércoles está previsto que declaren el socio del comisario, Rafael Redondo, y el abogado David Macías, que trabajaba para él, ambos por este asunto de Marbella.
La declaración del comisario estaba también programada, pero el juez se la ha suspendido porque le coincide con un exámen de Economía: Villarejo estudia Ciencias Políticas a distancia en la cárcel de Estremera. EP.
