La Fiscalía Anticorrupción pide 23 años de prisión para Manuel Iglesias-Sarrià, el que fuera director comercial de la empresa semipública Defex (nacida en 1972 y dedicada a la exportación de armas) y principal acusado por la trama de corrupción de esta comercializadora de armas en Camerún.
En el escrito de la acusación se le atribuyen delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, malversación, blanqueo y falsedad documental.
Por otra parte, Anticorrupción ha pedido también 18 años de cárcel para los empresarios Francisco Manuel Luque Ramírez, y Óscar López i Salvado por los mismos delitos. Además, solicita el pago de más de 113 millones de euros a Defex SA, hoy disuelta, en concepto de multas y decomisos.
La propia Fedex amplió en 1990 su negocio a la comercialización de otras tecnologías, y desde 2005 a 2013 realizó operaciones comerciales con el gobierno de la República del Camerún para el suministro de bienes destinados a la defensa y seguridad de aquel país.
«Defex contaba con un agente comercial en Camerún desde 1999 para la realización de su actividad comercial en aquel país, Philippe Bourcier, ciudadano francés residente en Camerún, que actualmente se encuentra fugado de la justicia», relata el escrito.
La unidad investigadora analiza cada uno de los contratos conseguidos por Defex en Camerún, analiza la participación de Bourcier y sus sociedades, y pone de manifiesto irregularidades en su contratación, facturación por supuestos servicios de consultoría, y en la contabilización del gasto de Defex.
Bourcier, el enlace entre Iglesias-Sarrià y las autoridad camerunesas
«Para la consecución y ejecución de los contratos con el gobierno camerunés, la empresa pública Defex pagó comisiones a autoridades y funcionarios públicos a través de Philippe Bourcier y sus empresas», según la Fiscalía .
Estas eran KB Consultants LTD, Bedderton LTD, Rybosa Sarl, ESS GroupLTD, Bosa Engineeering Consult LTD, Unirex Business SA y Ferwell Engineering LTD.
«Todas ellas carentes de una estructura y organización para realizar una actividad comercial salvo la de titular cuentas en entidades bancarias radicadas en Suiza, Reino Unido y Camerún que permitiesen recibir y transferir fondos», argumenta la Fiscalía Anticorrupción.
Añaden que esos fondos tuvieron como últimos beneficiarios al propio Bourcier y a las autoridades y funcionarios públicos de Camerún, y de otros países como Senegal, Gabón y Argelia.
La forma en que se ocultaron esas sumas de dinero indebidas a terceros «fue a través de contratos de prestación de servicios y de representación entre Defex y las sociedades instrumentales de Bourcier, los cuales tenían como único propósito aparentar una legalidad sobre los pagos de comisiones indebidas».
Además de Defex, en el escrito de la Fiscalía también aparece el nombre de otras dos empresas que recibieron esas comisiones, las mercantiles Deimos Space Slu y Aresa Marine SL.
De acuerdo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la mercantil Defex se centra en detectar oportunidades comerciales dentro del catálogo de productos de las empresas españolas.
«Selecciona a los proveedores nacionales idóneos, analiza las modalidades de financiación más adecuadas al proyecto para la exportación de equipos que así lo requieran», apuntan desde Anticorrupción.
La Fiscalía considera que la compañía carecía de cualquier sistema interno de organización, supervisión y control de las actuaciones de sus directivos que conllevaban un compromiso de ingreso o gasto económico para la mercantil pública.
«Esto se ponía de manifiesto en su actividad comercial internacional, en la negociación, celebración y aprobación de contratos propios de su actividad comercial con autoridades gubernamentales de los países donde operaba, también en Camerún, en la contratación de proveedores y subcontratistas».
En cuanto a los acusados Francisco Luque y Óscar López, «son los que mantienen las relaciones comerciales con sus respectivas mercantiles, negocian y celebran los contratos de sus respectivas mercantiles para la ejecución de uno de los contratos», asegura el escrito.
Añaden que «además, participan de forma decisiva en la forma y en el pago de las comisiones ilícitas a terceros previamente acordadas entre Iglesias-Sarrià y Philippe Bourcier, siendo conocedores de su verdadera finalidad celebran contratos no veraces con las sociedades de Bourcier».
Regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética
Para la obtención y ejecución de los contratos públicos con las autoridades de «Camerún tuvo una participación decisiva el contralmirante Pierre Njine Djonkam, quien fue destinatario de regalos, viajes, estancias hoteleras y gastos de cirugía estética por parte de la empresa pública Defex».
En el escrito se apunta que el beneficio que estos contratos proporciona a la empresa pública Defex ascendía a un importe total de 24.432.682,44 euros.
A a ese importe hay que sumar lo acordado por las subcontratistas Deimos y Aresa con las mercantiles de Bourcier, que fue repercutido a la empresa pública en sus respectivos contratos con Defex.
En el caso de Deimos «la suma acordada fue de 1.460.000 euros, y en el caso de Aresala suma acordada fue de 650.000 €. Por lo que el beneficio que obtuvo la mercantil pública Defex por estos contratos asciende a 25.893.012,44 euros, según la Fiscalía.
En cuanto al beneficio que obtiene Deimos con su contrato el importe asciende a 24.946.786 euros, que fue el importe pagado por Defex, y el beneficio que obtiene Aresa , igualmente, asciende a 25.424.544,42 euros, importe pagado por la empresa pública Defex, sin que ninguna de estas mercantiles subcontratistas haya acreditado el gasto real que le ocasionó la ejecución de sus respectivos contratos con Defex.
