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El III Congreso Internacional de Cibercrimen del Colegio de Abogados de Málaga aborda los delitos sexuales y el uso de drones

En cuatro años se han duplicado los delitos relacionados con menores y los económicosEl comisario principal-jefe provincial, Manuel Javier Peña Echeverría y el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, en el Congreso Cibercrimen.
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El Colegio de Abogados de Málaga celebró ayer la tercera edición del Congreso Internacional de Cibercrimen, que fue inaugurado por su decano, Francisco Javier Lara.

Éste señaló que las estadísticas indican un constante incremento anual de los ciberdelitos, especialmente los que tienen que ver con delitos sexuales relacionados con menores y los económicos, de manera que en cuatro años prácticamente se ha duplicado el número en España.

También ha participado el comisario principal-jefe provincial, Manuel Javier Peña Echeverría, quien explicó que, para combatir esta delincuencia, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuentan con brigadas de investigación tecnológica, que utilizan herramientas asociadas a la tecnología.

El comisario subrayó la importancia de la formación especializada y apuntó a un cambio de comportamiento: “Nos encontramos ahora con delitos opacos y distantes, cuando generalmente el delincuente había sido visible y cercano”.

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Por su parte, Lara aseguró que los datos del cibercrimen son “demoledores”.

Según el Observatorio Español de Delitos Informáticos, que analiza estadísticas del Ministerio del Interior, en el año 2017 (último disponible) se registraron 81.307 ciberdelitos en España.

Andalucía, con 15.458, es la comunidad autónoma donde más se produjeron, por delante de Madrid (12.169) y de la Comunidad Valenciana (10.842).

“Las tecnologías han facilitado que la información viaje de manera instantánea, que se puedan cometer delitos desde cualquier rincón del planeta y que tenga consecuencias globales”, manifestó Lara.

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También advirtió que la tecnología se modifica de manera más ágil que la legislación, por lo que es complicado adelantarse.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, y el comisario principal-jefe provincial, Manuel Javier Peña Echeverría, atienden a los medios.

En este punto, agradeció la asistencia a este congreso de un nutrido grupo del Cuerpo Nacional de Policía.

A su juicio, en los próximos años desaparecerá la diferencia entre crimen y cibercrimen –“será una redundancia”, explicó–, y manifestó que la tecnología ya no es un medio para conseguir un fin, sino que es un entorno, un canal y a veces es incluso el objeto mismo del delito.

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Delitos sexuales, drones y derecho digital

El Congreso comenzó con la ponencia titulada “La protección de datos personales en el proceso penal al amparo de la Directiva 2016/680”, a cargo de Joaquín Delgado, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, uno de los grandes expertos españoles en ciberdelincuencia.

Su libro, “Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones”, es un referente obligado para cualquiera que quiera conocer a fondo esta materia. 

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Continuó con la mesa redonda “Delitos informáticos de índole sexual: Pornografía infantil, childgrooming, descubrimiento y revelación de secretos, sexting“, en la que intervino María Teresa Soriano, fiscal de Menores de Málaga, Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor, y Ángel Pablo Avilés, ciberasesor en materia de Internet y Menores de la Secretaría de Estado de Seguridad, Agencia de Protección de Datos, Incibe u Once, entre otros.

El abogado Víctor Altimira abordó la estafa y blanqueo de capitales a través de internet, mientras que la intervención de Federico Bueno de Mata, abogado y profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, giró en torno a los drones como diligencia de investigación en el proceso penal.

El congreso finalizó con la prueba obtenida por dispositivos técnicos y electrónicos de captación y grabación de comunicaciones orales, imágenes y geolocalización (circular 3 y 5 de 2019 de la FGE), ponencia que corrió a cargo de Manuel Díaz, catedrático de Derecho Procesal de la UNED.

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