La gran cantidad de recursos de apelación sobre asuntos hipotecarias que llegan a las secciones mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid está llevando a esta sede judicial a «una situación de extrema gravedad», según ha reconocido su presidente, Juan Pablo Gónzalez.
La Justicia «no está preparada» para sumir este tipo de litigios en masa, advierte.
«El Ejecutivo debe articular mecanismos alternativos para evitar las demoras y los gastos innecesarios de los ciudadanos«, ha aseverado durante la presentación de la Memoria anual de esta sede judicial correspondiente al año 2018.
Aunque no lo parezca, la Audiencia Provincial de Madrid es el tribunal más grande de toda España. Se compone de 30 secciones. 15 en la jurisdicción penal y 15 en la civil. En total, prestan servicios 146 magistrados titulares, 12 magistrados suplentes, 31 letrados, 3 médicos forenses y cerca de 550 funcionarios. En total, casi 900 personas, en números redondos.
Una «mini» ciudad de la Justicia en toda la regla.
ATASCO EN FAMILIA Y MERCANTIL
Las secciones civiles cuentan solo con siete magistrados, una cifra «insuficiente» ante la avalancha de recursos sobre condiciones generales de contratación (4.000 más respecto al 2017).
El mayor atasco se produce en las secciones de familia y mercantiles.
Sobre las mercantiles, el presidente de la Audiencia ha destacado que la situación es extrema por la incidencia de recursos sobre contrataciones, sobre todo de derecho bancario (hipotecas, multidivisas, IRPH, clausulas de distribución de agosto).
En 2018, ha continuado el incremento notable de ingresos, pasando de 1.827 en 2017 a 4.685, lo que supone un incremento de un 197, 32 por ciento.
Su tiempo en resolver es de cuatro meses, un plazo «muy razonable y por debajo de la media nacional y europea».
«La Administración de Justicia no esta preparada para hacer frente a este litigiosidad en masa porque hablamos de decenas de procedimientos en los juzgados. Hay más de 4.000 recursos más y debe obtener respuesta por otras vías«, ha subrayado el magistrado.
Sobre las civiles, se han recibido un 2,93 por ciento más de asuntos que el pasado año y ha aumentado la tasa de resolución, ya que en 2017 se resolvieron 3.418 asuntos y en 2018 se dieron respuesta a 3.662 recursos.
También ha habido un incremento de los recursos sobre violencia de genero que proceden de estos juzgados, hasta el extremo que se tuvo que proveer un refuerzo de la Sección 27 con un nuevo magistrado.
«Había síntoma de agotamiento en las secciones. Resuelven 1.500 recursos cada uno al año. El incremento es paulatino», ha señalado indicando que hay un tiempo de respuesta de cuatro o cinco meses
En cuanto a la sección de familia, el presidente de esta sede judicial ha explicado que desde su llegada se ha reforzado esta sección con ocho magistrados de refuerzo en comisión de Justicia y ha indicado que es necesario una nueva sección.
EL DEBATE SOBRE ARBITRAJE O MEDIACIÓN ESTÁ AGOTADO
Asimismo, González cree que «la respuesta pasa por impulsar reforzar legislativas que favorezcan e impulsen mecanismos de reclamaciones extrajudiciales sobre todo en asuntos de hipotecas donde el debate jurídico está agotado».
En cuanto a sus demandas, González ha reclamado más magistrados en secciones penales y civiles, más equipos psicosociales para las secciones de familia y la implantación del expediente digital, ya que considera que se está «muy atrasado» en este aspecto.
Durante 2018, la cifra de asuntos ingresados en las secciones penales aumentó 564 asuntos, ya que en 2017 se registraron 32.877 asuntos y en 2018 33.441, aumentando un 1,71 por ciento. La memoria destaca que la situación es «óptima» ya que cuenta con un tiempo de respuesta de 1,82 meses, si bien la carga de trabajo continua siendo muy alta.
«La lentitud es un estereotipo y no se puede aplicar a todas las secciones», ha destacado Juan Pablo González en referencia a la jurisdicción penal, quien ha detallado que un magistrado al año puede firmar cerca de 1.200 resoluciones de asuntos penales, unas seis al día (tres sentencias y tres autos). EP.
