La extesorera de Autopistas del Atlántico (Audasa) se encuentra en prisión provisional sin fianza por presuntamente haber desviado más de un millón de euros de la compañía a una cuenta personal.
I.C.M. está acusada de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
Fuentes del proceso apuntan al uso del supuesto enriquecimiento ilícito de la extesorera para adquirir un automóvil y bienes para su vivienda, entre otras cosas.
El marido también está investigado, informan las mismas fuentes.
El Juzgado de Instrucción número 8 de La Coruña, cuya titular es María Francisca Justo Vicente, decretó el pasado mayo el ingreso en en prisión de la extesorera, según ha avanzado Economía Digital.
Está interna en la cárcel de Teixeiro (La Coruña), y se le ha denegado en dos ocasiones la petición de salir en libertad, por riesgo de fuga.
El caso se destapó a finales de 2018, tras una auditoría interna de la compañía en la que se detectó que la trabajadora sustraía desde hace años diversas cantidades.
La concesionaria de la AP-9 denunció los hechos y despidió a la tesorera en enero 2019.
En paralelo existe una causa laboral para determinar si el despido es o no procedente.
DEMANDA DE LA FISCALÍA CONTRA AUDASA POR PRESUNTO COBRO ABUSIVO DE PEAJES EN LA AP-9
Por otra parte, la Fiscalía ha presentado una demanda de juicio ordinario contra Audasa por presunto cobro abusivo de peajes en la AP-9, que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite.
El Ministerio Público señala que Audasa cobró los peajes íntegros durante los «al menos tres años, entre febrero de 2015 y junio de 2018” que duraron las obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande (Vigo), con las consiguientes retenciones y retrasos.
Audasa ha presentado un escrito formulando su oposición a la demanda presentada por la Fiscalía (y a la que se ha adherido la asociación En-Colectivo) por los perjuicios sufridos por los conductores durante estas obras de ampliación del puente de Rande.
Alega que su actuación no puede calificarse de práctica abusiva.
Noticias relacionadas:
Primera sentencia condenatoria contra el cártel de camiones en Cataluña
