El Tribunal Supremo de Reino Unido ha sentenciado que el cierre parlamentario solicitado por el Gobierno de Boris Johnson es «ilegal», por considerar que perjudica la actividad legislativa y «no hay justificación» para una medida que podría acarrear consecuencias «extremas» para la democracia.
El Supremo ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, por entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una «cuestión de los jueces» y no forman parte únicamente del debate político.
La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso –el mayor número posible–, ha asumido que «no es una suspensión normal» por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.
Los magistrados han determinado que la medida de Johnson, a quien corresponde elegir el momento y la duración del cese de las actividades, «ha tenido el efecto de frustrar o impedir que el Parlamento desarrolle sus funciones constitucionales».
En uno de los párrafos más duros de la sentencia, los jueces determinan que es «imposible» encontrar «ninguna buena razón, ni siquiera una sola», por la cual fuese necesario pedir a Isabel II una parálisis de cinco semanas para elaborar una nueva agenda legislativa de cara a un nuevo periodo de sesiones.
«La suspensión es nula y sin efecto»
«La suspensión es nula y sin efecto», ha explicado la ponente, Lady Hale, que de esta forma ha confirmado que el Parlamento, en términos legales, está activo y puede reunir a sus dos cámaras «cuanto antes». Ahora, corresponde a los órganos legislativos decidir cuándo y cómo retoman la actividad.
La Cámara de los Comunes está ya «considerando las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo», según su oficina de prensa, aunque el presidente dicho órgano, John Bercow, ha sido de los primeros en celebrar públicamente un fallo que, para el Gobierno, supone el peor resultado posible de todos los que se venían barajando en estos últimos días.
Bercow ha destacado que la corte, al rechazar que se pudiese considerar una suspensión de cinco semanas como una «práctica normal» dentro de la actividad política, «ha defendido el derecho y el deber del Parlamento a reunirse en este momento crucial para controlar al Ejecutivo y hacer que los ministros rindan cuentas».
El presidente de la Cámara de los Comunes, que dimitirá del cargo el 31 de octubre, ha abogado por reunir de nuevo a los diputados «sin demora», para lo cual se ha propuesto consultar «de forma urgente» a los líderes de los distintos partidos con representación.
El dictamen judicial ha coincidido con el viaje de Johnson a Estados Unidos, donde este mismo martes tiene previsto hablar ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
El primer ministro siempre ha defendido que quiere sacar a Reino Unido de la UE a cualquier precio, independientemente de que haya acuerdo o no el próximo 31 de octubre.
La sentencia es especialmente dura con el Gobierno, que ha optado por la cautela en los momentos posteriores a su publicación.
Fuentes de Downing Street citadas por la BBC se han limitado a decir que la Administración está «procesando» tanto el contenido como sus potenciales implicaciones, frente a una oposición que ya ha empezado a dimitir la dimisión del primer ministro.
Silencio desde la Comisión Europea
La Comisión Europea ha evitado pronunciarse. «Todos hemos visto las noticias pero no nos compete comentar sobre los asuntos internos constitucionales en los estados miembro».
«Esto incluye a Reino Unido», ha dicho en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo comunitario, Natasha Bertaud, al ser preguntada por si Bruselas actuará contra Reino Unido por esta vulneración del Estado de Derecho como ha hecho en el caso de Polonia.
El Ejecutivo comunitario también ha evitado polemizar sobre si considera al ‘premier’ británico, que exige la eliminación de la salvaguardia para la frontera irlandesa como condición para sellar un acuerdo del Brexit, como un negociador fiable.
«Nuestro interlocutor es el Gobierno de Reino Unido y sigue siendo el caso», ha remachado, rechazando entrar en «otros juicios de valor».
