Los dos magistrados, uno por el turno de juristas de reconocido prestigio y el otro por el turno de especialistas, son los que, casi con toda seguridad, se llevarán las dos plazas en liza de la Sala de lo Social y sobre los que tienen que votar mañana los 20 vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.
De acuerdo con fuentes consultadas por Confilegal, el nombramiento de Ricardo Bodas, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y miembros de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, es un empeño personal de Lesmes.
Su elección es un guiño al Gobierno socialista de cara a los próximos nombramientos que tienen que producirse una vez que se celebren las elecciones generales del 10 de noviembre.
También se considera una concesión al sector progresista.
Una rama de laurel al PSOE después de pasados desencuentros, en los que Lesmes apostó por Susana Díaz y en los que desoyó las voces, desde el PSOE, que le pidieron que dejara estar el asunto del destino de Margarita Robles en el Supremo; y que no dejó.
Una vez que este Consejo deje paso al siguiente -previsiblemente entre marzo y abril de próximo año-, Lesmes tiene que volver como magistrado de a pie a la sala a la que pertenece.
Una buena salida sería convertirse en abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –lleva estudiando francés con un profesor particular desde hace más de dos años y ha adquirido un buen nivel–, en el caso de que Manuel Campos Sánchez-Bordona, que ocupa ese puesto en estos momentos, lo dejara vacante por ser «ascendido» al Tribunal Constitucional por renovación de cuatro plazas.
U ocupar plaza en el Constitucional.
De ahí el apoyo a Bodas, que presidió el tribunal que recientemente tumbó la demanda de conflicto colectivo, interpuesta por las cuatro asociaciones de jueces, contra el CGPJ, a cuyo frente lleva desde hace diez años.
Bodas fue, además, director general de Relaciones con la Administración de Justicia siendo ministro del ramo Juan Fernando López Aguilar, en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que ocupó durante tres años, entre 2004 y 2007
La elección de Juan Molins García-Atance, destinado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y número 10 en el escalafón de especialistas de esta jurisdicción, se produciría como parte del acuerdo por apoyar a Bodas, y de espaldas a las expresiones de organizaciones como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial o la Asociación de Mujeres Juezas de España, que han roto una lanza por Ana María Orellana Cano, con destino en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, número 2 en el escalafón de especialistas y Académica de Número Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.
La única mujer de la terna.
