La defensa del dueño de la finca en la que se encuentra el pozo en el que murió Julen, el niño de dos años que cayó en enero de este año en dicha perforación, estudian solicitar la nulidad de la instrucción por «graves deficiencias que habrían seriamente comprometido el derecho de defensa» de su cliente.
Así lo han informado desde la defensa de David Serrano, indicando que el planteamiento de la supuesta nulidad «se basa en el análisis de hechos concretos de una instrucción».
Este, a juicio de los letrados, «se habría diseñado a la medida de los padres de Julen para evitarles el trance de una posible imputación, tanto por Fiscalía como por el propio Juzgado«, el de Instrucción número 9 de Málaga.
A través de una nota de prensa, los letrados han apuntado que «se da la circunstancia de que la titular del Juzgado ya había instruido unas diligencias anteriores contra el padre, José Roselló, donde este resultó condenado».
«Extraña sobremanera a la defensa de David que la jueza, durante el interrogatorio de los padres en su calidad de testigos, les diera el pésame y se mostrara dolida por los hechos cuando su testimonio podría haber significado una imputación», han apuntado los letrados.
Al respecto, consideran en el comunicado que «tal nivel de empatía implica una pérdida de neutralidad al alinearse con los padres, con carácter previo al comienzo del propio interrogatorio, ya que ningún juez imputa por homicidio tras dar el pésame por ese fallecimiento».
Asimismo, han calificado de «llamativa» la «maniobra procesal de interrogar a los padres de Julen, en calidad de testigos, para acto seguido realizar el ofrecimiento de acciones como perjudicados si no es porque la instructora ya habría decidido, anticipadamente, que su testimonio era innecesario o todo lo más, un mero trámite carente de relevancia jurídica».
Se opusieron «vehementemente» a que aportara a la instrucción un Plan de Seguridad y Salud
Respecto al interrogatorio de la persona que hizo el pozo, han indicado que «tanto el juzgado como Fiscalía se opusieron vehementemente a que aportara a la instrucción un Plan de Seguridad y Salud –del cual manifestó «tenerlo en su casa»–«.
«Cuando precisamente la implementación de las medidas de seguridad contenidas en el mismo, por lógica, habrían impedido el fatal desenlace del fallecimiento de Julen».
Para la defensa, es «igualmente llamativo que la juez alterara el orden legal de los interrogatorios, al ser interrogados primero por la propia magistrada la cual, visiblemente, actuaba también como fiscal».
Por parte de Fiscalía, han considerado «asombroso que en su sesgado escrito acusatorio precisamente impute a David Serrano no haber advertido de la existencia del pozo cuando el padre declara justo lo contrario sobre el sondeo concreto por el que cayó Julen».
Apuntando que éste dice que «‘David me advirtió que ahí había un pozo y que estaba tapado por dos cantillos'».
Además de que el sondeo «estaba a varios metros de lugar de estacionamiento del vehículo cuando llegaron a la parcela».
Por último, los letrados han lamentado que por parte de la jueza «se omita cualquier hecho favorable a la defensa de David Serrano y acepte como válida la tesis de que él era el único conocedor de la existencia el pozo al haber declarado el padre, tanto durante su interrogatorio ante la Guardia Civil como en el Juzgado, que en efecto conocía de su existencia y localización al haberle advertido David».
