La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha acordado la apertura de juicio oral contra David Serrano, el dueño de la finca donde está el pozo en el que murió Julen, el niño de dos años que cayó en enero de este año en dicha perforación, en Totalán (Málaga), y fue encontrado sin vida 13 días después.
Será juzgado por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.
Además, la magistrada Rosa María Ginel Pretel ha impuesto a Serrano una fianza de 885.300 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias.
Indica que en caso de no pagarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
La ha establecido teniendo en cuenta el escrito presentado por la Junta de Andalucía, personada en la causa como perjudicada, que fija en 663.982 euros los daños y perjuicios causados.
La defensa ha informado que estudia formalizar una solicitud de concurso de acreedores para «acreditar que si no paga es porque no puede, y no porque no quiere».
La Fiscalía, la acusación particular, en representación de los padres de Julen -José Roselló y Victoria García-, y la Junta de Andalucía solicitaron la apertura de juicio oral contra Serrano por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave.
El Ministerio Público pide tres años de prisión, mientras que la representación de los progenitores reclama tres años y medio.
La juez ya consideró que Serrano «era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad» y que no ha quedado acreditado que alertara de la existencia del mismo «cuya visualización, además, era difícil».
La Fiscalía también incide en su escrito de acusación en que el dueño de la finca «no había señalizado ni advertido» de la presencia de la prospección e insistía en que «era el único conocedor» de la existencia del pozo por el que cayó el pequeño, añadiendo que «los demás desconocían» la presencia del mismo ya que «apenas se veía».
La acusación particular también le achaca una «negligencia» que es «extremadamente grave» y una conducta omisiva, al prescindir de la observancia de cualquier medida de seguridad, debiendo tenerse en cuenta tanto «la gravedad de la acción del acusado» como el resultado; así como su conducta, en la que entiende que existen «multitud de infracciones normativas».
LA AUTOPSIA REVELÓ QUE MURIÓ POR LA CAÍDA EN EL AGUJERO
El pequeño cayó el 13 de enero de 2019 a este pozo de 25 centímetros de diámetro y de algo más de 70 metros de profundidad.
Desde entonces se activó un operativo para rescatarlo formado por efectivos de distintos cuerpos que trabajaron día, tarde y noche sin descanso y haciendo frente a las grandes dificultades técnicas que fueron encontrando, especialmente por la dureza del terreno.
Sus padres estuvieron en todo momento en el lugar.
Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del sábado 26 de enero, a las 01.25 horas, por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso. A las 03.29 horas se logró subirlo a la superficie.
El informe de la autopsia realizada a Julen, firmado por cuatro expertos, señala que el pequeño murió por la caída en el agujero.
Además, los forenses descartan que en el fallecimiento incidiera la acción de la piqueta utilizada en las labores de rescate.
Según señala el informe, el pequeño murió sobre las 13.50 horas del 13 de enero de 2019, a los «pocos minutos» tras la precipitación, y «la causa fundamental de la muerte fue por precipitación», en la que sufrió traumatismo craneoencefálico y raquimedular», presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierdo, han informado fuentes judiciales.
El pasado febrero, la Junta de Andalucía concedió la Medalla de Andalucía a la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias, por su labor, un trabajo crucial para sacar al pequeño.
