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Luz verde para la Directiva de protección de los denunciantes de corrupción de la Unión Europea

Un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, estimó que la falta de protección de los “whistleblowers” solo en el campo de la contratación pública está provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros. 
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El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) finalmente aprobó ayer la Directiva sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en el marco del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado en Luxemburgo.

La mencionada Directiva garantizará un alto nivel de protección de los denunciantes –conocidos en toda Europa por su palabra inglesa “whistleblowers”– estableciendo canales seguros para denunciar tanto dentro de las empresas y entidades públicas como a las autoridades, estableciendo normas a escala de la UE.

También protegerá a los denunciantes contra represalias como el despido, el descenso de categoría y otras formas de castigo.

Y exigirá a las autoridades nacionales que informen a los ciudadanos y proporcionen formación a las autoridades públicas sobre cómo tratar a los denunciantes de corrupción.

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La protección se extiende a los que ayuden a los denunciantes, como facilitadores, colegas y familiares.

De acuerdo con la nueva Directiva, los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.

La nueva Directiva tiene que ser, ahora, suscrita por los 28 países de un modo formal. Después será publicada en el diario oficial de la Unión Europea. Una vez que ocurra eso, entrará en vigor veinte días después de su publicación.

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A partir de ese momento, los estados miembros dispondrán de dos años para trasponerla y convertirla en ley nacional.

Un estudio llevado a cabo por la Comisión en 2017, estimó que la falta de protección de los “whistleblowers” solo en el campo de la contratación pública está provocando unas pérdidas, en la Unión Europea en su conjunto, de entre 5.800 y 9.600 millones de euros. 

En la actualidad, sólo diez países de la UE (Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido) ofrecen una protección jurídica completa.

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En los demás países, la protección es sólo parcial o se aplica a sectores o categorías de empleados específicos.

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La UE comenzó a moverse hacia la promulgación de esta Directiva a raíz de la denuncia de irregularidades tras el escándalo Luxleaks de 2014, en el que un ex empleado de PricewaterhouseCoopers fue condenado en Luxemburgo por filtrar una gran cantidad de documentos que revelaban exenciones fiscales para empresas multinacionales.

APOYO COMPLETO

Nadie debería arriesgar su reputación o su trabajo por denunciar conductas ilegales“, declaró la ministra de Justicia finlandesa Anna-Maja Henriksson, cuyo país ocupa actualmente la Presidencia rotatoria de la UE.

El objetivo de las normas es proporcionar “un alto nivel de protección en toda la Unión a los denunciantes que tienen el valor de hablar”, dijo en una declaración en nombre de los ministros de la UE.

Por su, parte, el primer vicepresidente de la Comisión Europea, el holandés Frans Timmermans, manifestó: “Acojo con beneplácito la firme señal enviada hoy por el Consejo a los denunciantes. Los denunciantes son personas valientes que se atreven a sacar a la luz las actividades ilegales y se levantan por su cuenta para proteger al público de las malas acciones”.

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La comisaría de Justicia, la polaca  Věra Jourová, también se felicitó por este final feliz: “Los denunciantes no deben ser castigados por hacer lo correcto. Nuestras nuevas normas a escala de la UE garantizarán que puedan informar de forma segura sobre las infracciones de la legislación de la UE en muchos ámbitos. Los denunciantes pueden ser fuentes cruciales para los periodistas de investigación. Por lo tanto, su protección también promueve la libertad de los medios de comunicación. Insto a los Estados miembros a que apliquen las nuevas normas sin demora”.

La entrada en vigor de esta nueva Directiva en España supondrá un cambio de 180 grados a la situación actual.

La Directiva sobre protección de denunciantes de corrupción o de irregularidades cubre muchos ámbitos de la legislación de la Unión Europea: desde la lucha contra el blanqueo de capitales, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y los productos, hasta la salud pública, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear.

Entre los principales elementos del texto transaccional cabe mencionar los siguientes:

ESTABLECIMIENTO DE CAUCES DE DENUNCIA EN EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 

Las empresas con más de cincuenta trabajadores y los municipios de más de diez mil habitantes tendrán la obligación de establecer cauces de denuncia efectivos y eficaces, lo que contribuirá a desarrollar una cultura empresarial sana.

JERARQUÍA DE LOS CAUCES DE DENUNCIA 

Se anima a los denunciantes a utilizar en primer lugar los cauces internos de su organización antes de recurrir a los cauces externos que los poderes públicos están obligados a establecer.

En cualquier caso, los denunciantes no quedarán sin protección si deciden recurrir directamente a los cauces externos.

LAS NUEVAS NORMAS BRINDAN PROTECCIÓN A NUMEROSAS CATEGORÍAS DE PERSONAS 

Por ejemplo, a aquellas que pueden tener acceso a información sobre infracciones cometidas en un contexto laboral, como empleados –incluidos los funcionarios de la administración nacional o local–, voluntarios y trabajadores en prácticas, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.

ÁMBITO DE APLICACIÓN AMPLIO 

Las nuevas normas abarcarán ámbitos como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales, la salud pública, etc.

Con el objeto de aportar seguridad jurídica, en un anexo de la Directiva se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE contemplados.

Los Estados miembros pueden ir más allá de la lista a la hora de aplicar la nueva normativa.

MEDIDAS DE APOYO Y PROTECCIÓN PARA LOS DENUNCIANTES 

Las normas establecen salvaguardias para proteger de represalias –como la suspensión, la degradación o la intimidación– a los denunciantes.

También están protegidas las personas que presten asistencia a los denunciantes, como sus compañeros de trabajo o sus familias.

La Directiva incluye además una lista de todas las medidas de apoyo que se establecerán a favor de los denunciantes.

OBLIGACIÓN DE INFORMACI´NO PARA LOS PODERES PÚBLICOS Y LAS EMPRESAS 

Las normas establecen la obligación de dar respuesta al denunciante y tramitar su denuncia en el plazo de tres meses (con la posibilidad, en casos debidamente justificados, de prorrogarlo hasta seis meses para los cauces externos).

DESCARGAR: DIRECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES DEL DERECHO DE LA UNIÓN