Jean Claude Juncker, presidente Comisión Europea.
La «Comisión Juncker» se despide de España por todo lo alto: 6 dictámenes motivados y un nuevo procedimiento
La Comisión Europea publica su último paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción. España no sale bien parada.
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15/10/2019 06:20
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Actualizado: 14/10/2019 23:33
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El 1 de noviembre, la Comisión Europea pasará a manos del equipo de Ursula Gertrud von der Leyen, que aún está presentando su cartera de comisarios ante el Parlamento.
Hasta entonces, seguirá siendo Jean-Claude Juncker quien presida la Comisión.
Y mientras en la Eurocámara continúa el desfile de candidatos para el ejecutivo de Bruselas, la Comisión Juncker ultima sus gestiones: ha publicado ya su último paquete mensual de decisiones sobre procedimientos de infracción.
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la UE.
Como tal, vela por la aplicación del derecho de la Unión y aplica las decisiones comunitarias.
Es la guardiana de los Tratados.
Por ello, la Comisión puede emprender acciones jurídicas contra aquellos Estados miembros que no cumplan adecuadamente el Derecho de la UE.
Y lo hace de la mano del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), a través de los procedimientos de infracción.
Cualquier procedimiento de infracción sigue una serie de etapas.
Es común asociar la palabra “procedimiento” a la de “tribunal”, pero la realidad es que la Comisión da un margen a los Estados antes de presentarlos ante el TJUE.
Es más, en los últimos años, más del 85% de los asuntos de infracción se solucionaron antes de la fase contenciosa.
El procedimiento de infracción comienza con una carta de emplazamiento: en un plazo de dos meses, el gobierno infractor deberá motivar su incumplimiento a la comisión.
Si bien, no responde, o si lo hace sin motivos sólidos, la Comisión emite un dictamen motivado en el que insta al estado miembro a cumplir la normativa infringida, esperando una actuación en el plazo previsto -generalmente, dos meses-.
Pero si el estado infractor no subsana el incumplimiento, se abre el procedimiento formal de infracción: esto es, remitirse al TJUE para que imponga una sanción al Estado.
Y en el último paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción de la Comisión Juncker, España no sale bien parada.
ESPAÑA NO CUMPLE CON 5 DIRECTIVAS EUROPEAS
Durante los años 2016 y 2017, España incumplió el deber de informar de los niveles de recogida y reciclaje de pilas y acumuladores conseguidos en cada año.
Es una obligación derivada de la Directiva 2006/66/CE, que tiene la finalidad de conseguir una eficiencia en el reciclaje.
Pero España no es la única infractora, en este caso, son mayoría: 15 estados de los aún 28 miembros de la Unión, a los que la Comisión ha instado hoy a cumplir con la directiva.
Tampoco está sola España en el asunto de los fondos de pensiones.
La UE estableció en 2016 un marco normativo en relación con la actividad y supervisión de los Fondos de Pensiones de Empleo (FPE) que los Estados debían trasponer a sus ordenamientos nacionales el 13 de enero de este año.
Pero son ocho -entre ellos, España- quienes aún no han comunicado a la Comisión las medidas nacionales adoptadas.
La Comisión ha decidido emitir un dictamen motivado, y si a los dos meses a contar desde la fecha de este no se notifican las medidas a adoptar, España podría ser llevada ante el TJUE.
Dos meses, y mucho requerimiento si el nuevo gobierno español no quiere vérselas con el TJUE: y es que esto no es todo.
La Directiva 2010/40/UE prevé una infraestructura para los centros de llamadas de emergencia que permita recibir y gestionar llamadas del sistema eCall 112.
Este sistema está previsto para reducir el tiempo de respuesta a accidentes de tráfico hasta entre un 40 y un 50%, pudiendo salvar cientos de vidas cada año.
Pero España aún no ha implantado plenamente la directiva. Y por ello, la Comisión le ha enviado un dictamen motivado.
Dos meses… Los mismos que para aplicar la legislación que establece un espacio ferroviario europeo único. Porque la Comisión, en otro dictamen motivado, considera que el marco reglamentario ferroviario en España incumple una serie de disposiciones de la Directiva 2012/34/UE.
Y en materia financiera, la Comisión Juncker se despide del cargo pidiendo a España que aplique plenamente las nuevas normas de la UE sobre distribución de seguros y servicios de pago: ya lo pidió en marzo de este año, a través de dos dictámenes, pero ha enviado este mes de octubre otros dos, complementarios, abriendo un nuevo plazo de dos meses.
NUEVOS PROCEDIMIENTOS
Más allá de los procedimientos iniciados, por si fueran pocos, España ha recibido una nueva carta de emplazamiento. En este caso, por incumplimiento de la Directiva 2004/54/CE.
Ésta, establece medidas mínimas de seguridad para la infraestructura y el funcionamiento de los túneles. Se aplica a todos los túneles de la red trans-europea de carreteras que superen los 500 metros de longitud.
Y es que algunos de nuestros túneles no cumplen con los parámetros de seguridad establecidos por la Unión Europea.
España tiene, de nuevo, dos meses para notificar a la Comisión las medidas que adoptará para subsanar este incumplimiento, si no quiere una nueva oficina de gobierno con «overbooking» de dictámenes procedentes de Bruselas.
Es evidente: la Comisión se ha despedido de España por todo lo alto.
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