Firmas
La Justicia ha hablado y ahora le toca a hablar a la clase política
Ricardo Rodríguez, el autor de esta columna, es magistrado, consultor internacional, doctor en derecho y académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación.
15/10/2019 06:40
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Actualizado: 14/10/2019 23:58
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La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el caso «procés». El fallo, a vuelapluma, es magnífica, muy trabajada, con argumentos muy sólidos y que -sin duda alguna- marcará un antes y un después al hacer un estudio minucioso de muchos conceptos que han sido vertidos en el juicio oral por las acusaciones –pública, particular y quien ejercía la acusación popular- y los letrados defensores de los acusados- y que hasta ahora no había tenido oportunidad de pronunciarse el Alto Tribunal.
Si hubo o no alzamiento tumultuario en otoño de 2017 en Cataluña (y considera probado la existencia de “un alzamiento público y tumultuario”), de cuál era la violencia necesaria para calificar los hechos como delito de rebelión, la distinción entre los delitos de rebelión y sedición (este último, por el que se ha condenado), del imaginario derecho a la autodeterminación, del referéndum calificado como ilegal, de actos concretos de malversación de fondos públicos.
Si hubo “desobediencia civil” más que sedición o rebelión como sostenían las defensas, de “la creación de una legalidad paralela” por la aprobación en el Parlamento de las leyes de desconexión en los plenos del Parlament de 6 y 7 de septiembre de 2017, de la Declaración Unilateral de independencia (DUI) han sido objeto de estudio minucioso y detallado en la sentencia.
No esperábamos menos por cuanto del tribunal que ha dictado la sentencia nadie duda de su valía jurídica.
Todos sus Magistrados tienen un largo bagaje jurídico, suficientemente contrastado.
España es una democracia plena.
Creo que, a estas alturas, pasados más de cuarenta años de la muerte de Franco (con respecto al cual, dadas las últimas decisiones del Gobierno y la sentencia del –otra vez- Tribunal Supremo, nos dan para otra columna de opinión) nadie lo duda… salvo los nacionalistas catalanes y alguno más.
Y ha sido un juicio ejemplar, magníficamente dirigido por su presidente, además de que –ya lo habíamos recogido en anteriores columnas- pocos países pueden presumir de hacer un juicio en directo, seguido por multitud de medios de comunicación y centenares de miles de ciudadanos.
Las intervenciones de Manuel Marchena dirigiendo el juicio, antológicas.
UNA SENTENCIA POR UNANIMIDAD
La sentencia se ha dictado por unanimidad, lo que era muy, pero muy importante.
Esto ha supuesto –seguro- la cesión por parte de varios Magistrados que veían un delito de rebelión y no de sedición.
Pero lo importante era firmar una sentencia por unanimidad, sin fisuras, con la vista puesta en el Tribunal Constitucional, pero, fundamentalmente, en Estrasburgo, en el Tribunal Europeo de Derecho Humanos.
Las penas, independientemente que se haya condenado por sedición o por rebelión, han sido duras, entre 9 y 13 años de prisión, además de inhabilitación especial para ejercicio de actividades y cargos públicos durante el tiempo de la condena para algunos de los acusados (en concreto tres) por delitos de sedición en concurso medial con malversación de fondos públicos, para una acusada solo sedición y, para tres, condenas a penas de multa de un total de 60.000 €.
Cataluña o, mejor dicho, parte de la ciudadanía –todos sabemos que la ciudadanía catalana está dividida, prácticamente, en un 50 % entre nacionalistas y no nacionalistas- a estas horas que escribo está movilizada: cortes en carreteras, en estaciones de tren, concentraciones en espacios públicos, intento de paralizar el aeropuerto del de Barcelona, cargas policiales en distintas poblaciones y sitios, etc.
Era lo esperado.
El problema –o así lo veo- es lo que va a pasar ahora, en los próximos días, en los próximos meses.
UNA SENTENCIA YA FIRME
Recuérdese que la sentencia ya es firme al no caber contra la misma sino el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no suspende la ejecución salvo que, excepcionalmente este Tribunal lo acuerde lo que ocurre en muy, pero muy pocas ocasiones.
Las declaraciones del presidente de la Generalitat y del Parlamento catalán no son nada reconfortantes y halagüeñas.
Aluden a una sentencia política, a que se ha dictado por venganza, a la subversión, a la insumisión.
El ánimo en Cataluña está caldeado.
Y en nada benefician tales declaraciones.
El presidente del Gobierno en una rueda de prensa de esta mañana, en posición institucional (no sabemos si con ánimo electoral o no, eso, quizás, ahora sea lo menos importante) ha estado firme en defensa del Estado de Derecho y de la división de poderes, y que la sentencia debe ejecutarse en todos sus términos.
Los principales líderes políticos (Partido Popular y Ciudadanos, pero también Vox –nada sabemos del líder de Podemos–), han apoyado esta declaración y que están dispuestos a cualquier acuerdo de Estado para no subvertir el orden social y que las Autoridades de la Comunidad Autónoma no se vayan por una vía secesionista que no tenga amparo legal.
Nos jugamos la paz social y el mantenimiento del orden constitucional en una parte muy importante del territorio nacional.
UNA SENTENCIA QUE SERÁ EJECUTADA POR LA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA CATALANA
La ejecución de la sentencia corresponde a la Administración penitenciaria, siendo Cataluña la única Comunidad Autónoma que tiene transferidas estas competencias, lo que, vistas las declaraciones del presidente de la Generalitat, puede ser un verdadero problema.
Y es así por cuanto nada impide que los ahora condenados (recuérdese que hasta ahora eran presos preventivos) puedan ser clasificados directamente en tercer grado; esto es, salir de prisión de lunes a viernes durante el día y los fines de semana completos. Sería un verdadero escándalo, pero ya tenemos algún precedente.
Al respecto se solicitó por la Fiscalía la petición de que, si hubiere condena, los condenados debían cumplir la mitad de la pena para poder ser clasificados en tercer grado penitenciaria, de conformidad a lo previsto en el artículos 36.2 del Código Penal, rechazándolo el Tribunal por considerar que el citado artículo no está pensado para casos como el juzgado y recuerda que las hipotéticas clasificaciones en tercer grado pueden ser recurridas y pueden ser objeto de revisión por parte de los tribunales y concluye que la capacidad jurisdiccional para revisar decisiones administrativas en el ámbito penitenciario que se consideren contrarias a derecho es la mejor garantía de que el cumplimiento de las penas “se ajustará a un pronóstico individualizado de cumplimiento y progresión”.
Y así es. Contra las decisiones de la Junta de Tratamiento cabe recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y en último término, ante el órgano sentenciador, esto es, la Sala Segunda del Tribunal Supremo (que, por cierto, no tiene que estar formada por los mismos Magistrados que dictaron la sentencia recurrida).
Y el recurso sólo lo puede interponer el propio condenado o el Ministerio Fiscal, cuya independencia hasta ahora ha quedado demostrada, al contrario de las injerencias en la Abogacía del Estado, pareciendo más una abogacía del Gobierno que del Estado, lo que motivó el cese del Jefe del área penal de esta Abogacía, que era el que participó en toda la fase de instrucción, a la par con la Fiscalía, negándose a aceptar las órdenes de modificar en el escrito de acusación toda referencia a la violencia y, así, cambiar la calificación jurídica de rebelión a sedición.
Esperemos y deseemos que la Fiscalía demuestre su independencia y autonomía como hasta ahora.
Pero esto es futurible. Aquí y ahora lo que importa es que se ha dado respuesta judicial a las acciones tan graves que acaecieron en Cataluña en el otoño de 2017.
Corresponde ahora al Gobierno y a la clase política que la sentencia se ejecute en sus justos términos. Y que la paz social vuelva a Cataluña, que tanto ha perdido en estos años.
Como de forma magnífica ha declarado a un medio de comunicación hoy Ángel Juanes, Vicepresidente del Tribunal Supremo, “la Justicia ha hablado. Ahora le toca a hablar a la clase política”.
Que así sea… y esperemos que esté a la altura de lo que queremos la mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos catalanes.
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