El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado la nulidad solicitada por el sindicato Afapna de todas las plazas ofertadas en euskera en el decreto foral 109/2017, de 28 de noviembre, por el que se modificó la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad foral y sus organismos autónomos.
En la sentencia, que puede ser recurrida en casación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN concluye que «no existe prueba de que la dotación de plazas bilingües sea desproporcionada o injustificada», ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
La Sala desgrana, uno a uno, todos los puestos que el sindicato recurrente solicitaba su anulación. Así, Afapna estimaba que las plazas vacantes en la Policía Foral y en el servicio de Bomberos en euskera no estaban determinadas para zona alguna (vascófona) ni estaban motivadas.
Respecto a las cinco vacantes de Policía Foral -dos para la comisaría de Alsasua, dos en Elizondo (ambas en zona vascófona) y una en Estella (zona mixta)-, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra destaca que, la adecuada atención a la población en la realización de funciones que se desarrollan en la calle, de forma oral, exige ese perfil y ese nivel lingüístico.
Sobre las cinco vacantes de Bomberos, la Sala indica que cuatro de ellas van a tener destino en el parque central de Pamplona, que da servicio a toda Navarra, y una en Oronoz (zona vascófona).
De nuevo, «nos hallamos ante un servicio en el que la comunicación es oral y, por tanto, se ha de facilitar que se preste en euskera para la población que así lo solicite», destacan los magistrados.
Añaden que «no existe prueba de que esta dotación de plazas bilingües sea desproporcionada atendiendo al número total, más de 100, recogido en la plantilla orgánica».
De igual forma, sobre las plazas de euskera en el departamento de Educación, los jueces resaltan que «la determinación de los perfiles lingüísticos se ha hecho de forma motivada».
Necesidad de crear nuevas plazas, así como la forma de cuantificarlas
Así, ponen de manifiesto que «en la contestación a la demanda se ha aportado el informe elaborado por el director general de inspección educativa, en el que recogía las necesidades de creación de nuevas plazas, así como la forma de cuantificarlas».
Asimismo, respecto de las plazas bilingües en distintos departamentos de la Administración, el Tribunal reitera que todas las plazas recurridas están «justificadas por informes técnicos».
