Los candidatos a diputados por el PSOE, Juan Carlos Campo, y por Ciudadanos, Edmundo Bal –ambos portavoces parlamentarios en materia de justicia– apostaron ayer decididamente por que el poder judicial incorpore la figura de los jueces divulgadores, o explicadores, para que los ciudadanos puedan entender en un lenguaje comprensible las sentencias judiciales relevantes.
La figura no es nueva. Ha sido desarrollada por la Justicia holandesa y adoptada por la Red de Consejos del Poder Judicial (ENCJ, por sus siglas en inglés), de la que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España forma parte.
Su implementación fue aconsejada en un informe aprobado en el otoño de 2012 en un pleno de organización, en Dublín. En su gestación tomó parte la entonces vocal Gemma Gallego y los servicios técnicos del Consejo.
La recomendación principal de dicho informe dice: «Todos los países deberán desarrollar y aplicar un sistema de portavocía judicial que recaiga en jueces divulgadores (responsables de las relaciones con la prensa) y asesores de comunicación que posean amplios conocimientos sobre el sistema judicial, dotes para informar al público en un lenguaje comprensible y que posean aptitudes sociales y mediáticas».
El actual Consejo en funciones jamás adoptó dicha recomendación, que ahora reclaman tanto los Juezas y Jueces Decanos como los presidentes de Audiencias Provinciales, a la vista de casos como el de «la manada», que no han sabido manejarse desde el plano comunicativo.
Campo, además, defendió la adopción de un lenguaje comprensible, desde la Justicia, como una necesidad inaplazable.
Los dos diputados tomaron parte en el debate sobre la Administración de Justicia y la Abogacía, organizado por, y en el Consejo General de la Abogacía Española, bajo la moderación de la presidenta de la casa, Victoria Ortega.
Junto con Campo y Bal intervinieron sus homónimos en la materia María Jesús Moro, por el PP; Gloria Elizo, por Unidas Podemos; Macarena Olona –en avanzadísimo estado de gestación–, por Vox; y Alicia Gómez, de Más País/Equo.
Fue uno de los planteles de mayor nivel jurídico de los últimos tiempos, a tenor de su procedencia profesional: Un magistrado (Campo); dos abogados del Estado (Bal y Alona); dos abogadas (Elizo y Gómez) y una profesora de Derecho Civil (Moro).
La forma de intervención diseñada a priori, impidió el cuerpo a cuerpo y el «navajeo» mutuo. Porque fueron intervenciones de cinco y tres minutos en las que no se permitía la interpelación.
Pero las cosas quedaron meridianamente claras.
El primero en abrir el fuego, por el PSOE, fue Campo –exsecretario de Estado de Justicia y exvocal del CGPJ– quien afirmó que «la justicia es el único elemento vertebrado del Estado que no ha sido sometido a una renovación».
Para ello es necesario abordar las reformas pendientes interviniendo en tres planos: el plano normativo, el plano organizativo y el plano tecnológico.
«La modernización es un fenómeno de estrategia. No podemos estar sometidos a mayorías parlamentarias. Tiene que haber un consenso de todos, una colegiación de esfuerzos. Sólo así veremos una justicia como la que reclaman los ciudadanos. Porque cuando se suma, se llega».
«Hace falta una estrategia institucional; hablar, dialogar con operadores jurídicos y poner voluntad política para superar este punto negro de la democracia, así como una gran apuesta tecnológica», apuntó.
Una línea, la del consenso o la colegiación de esfuerzos, que, sin llamarla así, también desarrolló Moro.
«Mi presidente ha planteado un pacto de Estado para la Justicia. Pero tienen que haber compromisos. Tenemos que llegar a acuerdos entre todos. Y para eso no hay que levantarse de la silla hasta conseguirlos», declaró.
De este modo, aunque sin mencionarlo, la ‘popular’ hizo alusión a cuando en la pasada legislatura Ciudadanos y Unidas Podemos abandonaron las subcomisión del Congreso de los Diputados que preparaba un Pacto por la Justicia al discrepar con el PP y PSOE en las medidas que proponían para la despolitización del CGPJ.
«Necesitamos dar un gran paso transformador, perder el miedo a las reformas, y hacer mucha pedagogía, explicar mucho lo que vamos a hacer y por qué», añadió.
El PP mantiene en su programa electoral que la elección del órgano de gobierno de los jueces sea directamente por los miembros de la carrera judicial; la limitación de las puertas giratorias; o la modificación de la LECrim, en la que vaya aparejada la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
También incluye un ‘Libro Blanco para Cataluña’.
Moro hizo una referencia al éxodo de muchos funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia en Cataluña, autonomía que están abandonando por la conflictividad existente.
CUARENTA AÑOS DE BIPARTIDISMO
Ciudadanos, por su parte, coincidió con el PP en que la elección de los 12 vocales jueces del CGPJ sean elegidos por los 5.500 miembros de la carrera judicial por voto directo y secreto.
A diferencia del PSOE, que sigue manteniendo que sea el Parlamento.
«En Estados Unidos el presidente de la nación nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y nadie se rasga las vestiduras ni lo ve anormal», apuntó Campo.
Bal, por Ciudadanos, recordó la apuesta de su partido.
Y comenzó «a repartir», directo a la yugular del bipartidismo.
«PSOE y PP no han hecho nada en materia de justicia en estos cuarenta años de bipartidismo y mayorías absolutas. No se ha hecho el esfuerzo económico necesario. El modelo de Ciudadanos es revolucionario pues hay que acabar con el cambalache, el negociante, en la forma de elección de los nombramientos discrecionales», afirmó.
El candidato por el partido naranja recordó el Real Decreto de Traspaso de Competencias de Justicia a las Comunidades Autónomas en el que se dice que «los sistemas [informáticos] tienen que ser compatibles. Y no lo son. Cuando la diversidad se convierte en diferencia, las cosas no funcionan».
Sin embargo, sí apostó por un pacto nacional de reforma de la justicia, aunque recordó la asignatura pendiente del Registro Civil.
UNIDAS PODEMOS, POLÉMICA
Gloria Elizo, de Unidas Podemos, por su parte, abundó en la «imagen de falta de independencia de los jueces» y apostó por una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados –y del Senado también, se entiende– para que los 20 vocales (los 12 jueces y los 8 juristas) sean elegidos por los grupos parlamentarios y no por las mayorías de 3/5 de los votos actuales.
La que fuera vicepresidenta primero del Congreso en la finiquitada Legislatura, propuso hacer una «auditoria» de la Administración de Justicia.
«Porque padece una deficiente organización y una deficiente inversión», dijo.
Elizo tocó de pasada dos asuntos altamente sensibles.
El primero, para los jueces fiscales: el de la reforma del sistema de oposición y su sustitución por otro en el que la memoria no sea el eje sobre el que gire todo. Introduciendo nuevas formas de evaluación de técnicas y de habilidades jurídicas y psicodélicas y mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades, con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes.
El segundo, «la democratización de los colegios profesionales».
«Creo que hace falta un debate abierto, por parte de los abogados y las abogadas, sobre la necesidad de la colegiación. Si es necesario el asociacionismo profesional libre y la obligatoriedad de la colegiación. Estamos en condiciones de abordar esta discusión», declaró Elizo.
RECUPERAR COMPETENCIAS DE JUSTICIA CEDIDAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La representante de Vox, Macarena Olona, comenzó su intervención con una declaración de principios y una sonrisa: «El modelo de justicia de Vox no se basa en la ley del oeste, donde no haya ni jueces ni abogados. Queremos una justicia con competencia única y exclusiva. Las Comunidades Autónomas son una distorsión del sistema que generan desigualdad. Queremos una justicia igual e idéntica para todos. Con autonomía presupuestaria».
«No hay ni puede haber un modelo socialista o conservador de la Justicia, solo hay un modelo constitucional», continuó, una declaración que fue contestada por el PSOE y el PP después, en sentido contrario.
Así, para Vox lo más importante es que la «justicia sea justa», lo que pasa por «dar a los jueces unas leyes que sean más perfectas».
También planteó la recuperación de la materia penitenciaria para el Estado, en clara referencia a los condenados por el Tribunal Supremo por promover la secesión de Cartaluña.
En esta línea, la portavoz de Vox recalcó que es «necesario dotar a jueces de Cataluña, País Vasco y Navarra de más protección», refiriéndose a los más de 100 jueces que se han marchado de la primera Comunidad Autónoma.
La representante de Más País/Equo, Alicia Gómez, aprovechó su intervención para hablar sobre la politización de la Justicia.
No obstante, al contrario que el resto de participantes, Gómez dijo que independencia judicial «tiene mucho que ver con la deontología y ética personal de cada juez».
«Son los partidos conservadores los que con mayor énfasis designan a jueces que son más bien sumisos a determinados intereses partidistas que a la aplicación objetiva de la ley», aseguró.
Así, indicó que la formación liderada por Íñigo Errejón considera oportuno modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero adelantó que «no va a caer en la trampa de que los partidos no tienen nada que decir» sobre este tema.
A su entender, los partidos sí tienen que estar involucrados en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces porque son los «representantes de los ciudadanos». «Otra cosa es que no sean los que determinen las cuotas o las competencias del CGPJ».
