La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido hoy al gobierno de la Comunidad de Madrid que dote con personal funcionario de carrera a las oficinas judiciales delegadas de las prisiones madrileñas, «debido a que su implantación en los centros penitenciarios de la región es total y, por tanto, han perdido la condición de provisionalidad».
CSIF Justicia Madrid ha enviado una carta a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad, de la que es titular el magistrado en servicios especiales Enrique López, haciéndole este llamamiento, según ha informado en un comunicado este sindicato que preside en la Comunidad de Madrid Juan José Carral.
CSIF se pronuncia así después que el pasado lunes entraran en funcionamiento las oficinas judiciales de las cárceles de Alcalá-Meco, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez, que se unen a las que ya estaban en funcionamiento desde 2014 en las prisiones de Soto del Real y Estremera.
Este sindicato considera positiva la puesta en marcha de estas nuevas oficinas por la labor que desarrollan, y dice que, «sin duda, redunda en una mejora del servicio público».
No obstante, señala que «las dos oficinas de Soto y Estremera, que llevan cinco años en funcionamiento, así como las cuatro nuevas, están cubiertas con interinos de refuerzo, cuyas condiciones laborales y retributivas no se han negociado con las organizaciones sindicales que integran la mesa sectorial de justicia».
CSIF expresa a la Consejería de Justicia en su misiva que «lo que era una experiencia piloto, en relación a la provisionalidad de las oficinas de Soto y Estremera, se ha convertido en una necesidad estructural con las cuatro nuevas».
Por tanto, pide que los puestos de trabajo se consoliden, se transformen en plantilla orgánica y se cubran con personal funcionario de carrera, a través de los mecanismos ordinarios (concurso de traslados, oferta de empleo público, comisiones de servicio…).
CSIF recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que «los refuerzos se deberán convertir en incremento de plantilla si después de tres años se constata que la necesidad de personal tiene carácter estructural».
LA CONSEJERÍA CONSIDERA QUE NO TIENE NADA QUE NEGOCIAR CON LOS SINDICATOS
La viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, por su parte, recuerda que este nuevo servicio ha sido acordado mediante un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, de quien dependen las cárceles, el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
«Le corresponde al Ministerio de Justicia, porque es el competente, aprobar la plantilla y eso lleva un trámite. CSIF lo sabe», explica. «Las personas que van a ocupar esas funciones son interinos que conocen bien su trabajo porque lo han hecho antes. Y hay que recordar a esta central sindical que hay cosas que no están en negociación, como la contratación y las condiciones laborales y retributivas de las personas que van a hacer ese trabajo».
