La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del magistrado instructor José de la Mata de prorrogar la investigación del ‘caso Pujol’, sobre el origen de la fortuna del expresidente catalán y su familia, otros 18 meses, hasta el 23 de marzo de 2021, debido a la complejidad de la causa, como había pedido la Fiscalía.
En él figuran como investigadas 36 personas, entre ellas el expresidente catalán Jordi Pujol Soley, su esposa y sus hijos por presunto delito fiscal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros.
El tribunal de la de la Sala de lo Penal de la AN (Sección Tercera), que preside el magistrado Alfonso Guevara, ha atendido así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que ejerce Podemos, y ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Mercè Gironés, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, que reclamó que la instrucción finalizara un año antes de lo que había fijado el magistrado titular del Juzgado Central de Intrucción número 5.
El tribunal recuerda en su auto que esta causa «ya fue declarada compleja» en junio de 2016, ya que se «investiga la existencia de un presunto grupo u organización criminal, que involucra a gran cantidad de investigados y numerosos hechos punibles».
Indica que la complejidad de la misma «exige la realización de pericias o de colaboraciones que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, así como el libramiento de numerosas comisiones rogatorias internacionales y otros instrumentos de cooperación jurídica internacional».
El tribunal señala que a día de hoy la investigación «no está finalizada», pues como destacó Anticorrupción en su informe, «están pendientes que se cumplimenten diligencias de prueba, en concreto, comisiones rogatorias internacionales dirigidas a Andorra y a Luxemburgo de cuyo resultado pudiera derivarse la necesidad de practicar nuevas diligencias».
Según el Ministerio Público, este razonamiento «no es un mero automatismo», ya que la causa se dirige contra «numerosos hechos punibles e involucra a gran cantidad de investigados».
Subraya que «la instrucción, necesariamente, está obligada a indagar y practicar las diligencias precisas para incorporar a la causa la documentación y evidencias necesarias para esclarecer los hechos objeto de investigación», y que del análisis y estudio de la documentación que se incorpore tras todas estas diligencias se derivarán otras y también «nuevos informes de los auxilios judiciales de la Agencia Tributaria sobre las distintas operaciones sometidas a investigación en esta parte de la causa».
«Es, pues, evidente, que se continúa necesitando la realización de pericias complejas, práctica de actuaciones en el extranjero y revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas y que, por tanto, la prórroga de la instrucción mediante un plazo máximo final es necesaria y está plenamente justificada», explica Anticorrupción.
El tribunal de la Sala de lo Penal entiende que «no se está meramente a la espera de recibir el resultado de las diligencias de investigación ya acordadas», como argumenta el recurso de Gironés, «sino que se trata de una instrucción de gran complejidad en la que se requiere acordar y practicar ulteriores diligencias y continuar con la actividad investigadora, todavía no finalizada».
El juez José de la Mata acordó prorrogar la instrucción el pasado 20 de septiembre, como le pidió la Fiscalía.
En su auto detallaba que están pendientes informes de auxilio judicial en relación con Oleguer Pujol Ferrusola y otros investigados que originarán nuevas órdenes europeas de investigación y nuevos informes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre esta parte de la causa.
Además, recordaba que la parte central de la causa, la investigación de la presunta organización criminal integrada por los miembros de la familia Pujol Ferrusola está aún pendiente de practicar diligencias como las comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación a Andorra y Luxemburgo y otra de Dinamarca (pendiente de cumplimentar).
También está pendiente en la causa, según hizo constar el magistrado en el auto, la solicitud de diligencias interesadas por la entidad Gran Tibidabo.
De la Mata juez explicaba que se ha descubierto una nueva Fundación, la ‘Fundación Paty’, vinculada a Josep Pujol Ferrusola, en un banco de Andorra en el que se ha identificado un ingreso de 600.000 euros, lo que ha motivado una nueva petición de la Fiscalía para cursar otra comisión rogatoria internacional al Principado de Andorra “a fin de obtener información sobre este nuevo instrumento societario opaco tras el que se parapetaba Josep Pujol”.
LOS PUJOL IMPUSIERON SU ‘MODUS VIVENDI’ EN CATALUÑA CON LA COACCIÓN A TERCEROS, SEGÚN LA UDEF
Según un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporado al sumario de esta causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, Josep Pujol hijo llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido.
Según se desprende de un informe policial que trascendió el pasado agosto, presuntamente la familia Pujol, al frente de la cual se situaban el expresidente catalán y su primogénito, impuso su ‘modus vivendi’ de corruptelas y negocios ilegales mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años y no quisieron denunciar porque «estarían muertos civilmente» si lo hacían y «les sería imposible continuar con su modo de vida».
Así resume la UDEF el supuesto sistema de sobornos que habría establecido la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la presidencia de la Generalitat, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso «fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder» en las instituciones catalanas.
Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, «en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados», dice la UDEF.
«Sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos», explica.
