La Generalitat valenciana reclamará diez nuevos juzgados al Estado «gobierne quien gobierne»

Otros objetivos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública para el próximo año son realizar más de cien procesos selectivos de funcionarios para el acceso de 2.500 personas a la función pública o destinar 20.000 euros diarios a la lucha contra la violencia machista.

Con un presupuesto global de 505 millones, un 1,9% más respecto a 2019 y el 2,2% del total de la Generalitat, afrontan 2020 con las nuevas competencias en materia de seguridad y emergencias (126,5 millones), aunque el aumento es «moderado y realista» por la situación política y económica.

La consellera, Gabriela Bravo, ha defendido en Les Corts que «solo desde la miopía política» se pueden considerar como unas cuentas insuficientes.

Justicia aglutina de nuevo la mayoría del dinero, hasta 352,7 millones, con 25,8 para renovación y construcción de sedes judiciales.

Entre las actuaciones previstas, finalizar la rehabilitación de los juzgados de Torrevieja (Alicante) y continuar la renovación integral de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en Valencia y de los tribunales de Ontinyent (Valencia), Orihuela y Dénia (Alicante) y Vinaròs (Castellón).

También avanzar en la adjudicación de la obra de la Ciudad de la Justicia de Alicante, prevista para finales de 2020 con 53 millones y como «la mayor inversión de la Generalitat en obra civil en la provincia», y de los nuevos juzgados de Alzira, Gandia, Torrent, Llíria y Xàtiva (Valencia) y La Vila Joiosa y Villena (Alicante).

PERITOS PARA CASOS DE CORRUPCIÓN

Otros 2,3 millones irán a la implantación del expediente digital, 5,4 para instalar el sistema de grabación «más moderno», 6,7 al refuerzo de funcionarios para los juzgados más saturados y 11,5 a seguridad y vigilancia.

De estos, ocho millones en un nuevo contrato y 3,5 mediante un convenio con la Guardia Civil, para que «incluso los juzgados más pequeños cuenten con vigilantes de siete de la mañana a diez de la noche».

Como novedades, una unidad de peritos para asistir a jueces y fiscales en casos complejos como los de corrupción y la extensión de las unidades de asistencia social –en València desde el pasado mes de mayo– a Castelló, Alicante y Elche (Alicante).

«La justicia es algo más que las sentencias», ha resumido Bravo, garantizando que «el Consell no va a permitir una justicia de primera o segunda que perpetúe la desigualdad».

Bajo este prisma, el servicio de justicia gratuita aumentará un 2,6% hasta 46,2 millones, con lo que se mantendrán las retribuciones del turno de oficio como los letrados de este tipo «mejores pagados de España».

Otro compromiso es mantener las ayudas para las víctimas del terrorismo mediante la renovación de los convenios con las asociaciones, para así «mantener viva la memoria de quienes sufrieron el horror de ETA durante casi 50 años».

Paralelamente, la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito contará con 5,2 millones (+20,5%) para las 37 oficinas que cubrirán todos los partidos judiciales, con 137 trabajadores entre letrados, psicólogos y trabajadores sociales.

Y la implantación de la mediación supondrá 920.000 euros, con la Comunitat como «la única autonomía que ofrece este servicio gratuito».

MÁS FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

En la segunda ‘pata’ de la Conselleria, la administración, el proyecto prevé un aumento del 6,8% en función pública, hasta 5,9 millones, para ejecutar más de cien procesos selectivos que permitirán contratar a 2.500 funcionarios.

La formación también se potenciará con 776.000 euros (+49,2%) para el Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), junto a la selección de los agentes de policías locales que pidan los ayuntamientos.

Otros 2,5 millones servirán para poner en marcha la oficina de simplificación administrativa, con la intención de agilizar los trámites y crear herramientas de prevención contra las malas prácticas mediante el plan ‘Saler’.

El Consell también asume el «imperativo» del expediente electrónico como obligatorio a partir de octubre de 2020, para reducir la burocracia y ganar en eficacia. «No vamos a permitir que la administración valenciana se colapse porque no hemos sido capaces», ha reivindicado Bravo.

Las nuevas competencias de Interior contarán con 126,5 millones, de los que 41,5 irán para el servicio de bomberos forestales, «en condiciones y con remuneraciones más dignas», y 82,8 a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

En concreto, 16 millones se destinarán a medios aéreos de extinción de incendios (1,2 millones a nuevos aviones ligeros de vigilancia), diez millones al mantenimiento del 112 y un millón a mejora de bases aéreas y de bomberos.

Finalmente, la Conselleria prevé desarrollar un plan estratégico de Protección Civil de la Comunitat para dar respuesta a los «nuevos desafíos» como el cambio climático y dotar de dos millones más al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

VIOLENCIA MACHISTA

La lucha contra el «terrorismo machista» supondrá una «ambición colectiva» con una media de 20.000 euros diarios en el ámbito de la Generalitat.

En cifras, los 7,4 millones previstos se destinarán en parte a las oficinas de atención a víctimas (4,4 millones) aumentar los juzgados que dispondrán de una unidad de valoración forense integral (1,5 millones), con la intención de pasar de nueve a 126 hasta 2023.

Bravo ha puesto como ejemplo el balance de este año, con 6.798 mujeres atendidas en las oficinas de asistencia a víctimas de enero a septiembre, una media de 25 mujeres al día.

Ante estos números, el Consell quiere abrir nuevas oficinas en Castelló, Alicante y Elche, junto al «esperanzador» proyecto en colaboración con el Ministerio de Justicia para la asistencia letrada a las víctimas.

Precisamente, la violencia de género ha centrado parte de las críticas de la oposición durante el debate parlamentario, especialmente de Vox.

La diputada Llanos Massó ha pedido «no criminalizar al varón ni compararlo con el terrorismo» y Rosa Peris (PSPV) ha replicado que «los maltratadores ya tienen un partido que les defiende».

La oposición ha cargado contra un presupuesto «irrisorio» cuando hay «juzgados en cuchitriles y ratas en los despachos» (Vox), mientras el PP cree que nacen «a la defensiva» y aumentan solo por las nuevas competencias, advirtiendo que «la justicia valenciana no se va a librar de los recortes», y Ciudadanos que suponen un «tuneo» de las de 2019 «sin ejecutar al 30%».

El grupo ‘naranja’ también ha advertido de la «falta de prevención en riesgos» tras la muerte de un hombre en la Ciudad de la Justicia de València y el fallo del desfibrilador.

Mientras, la consellera de Justicia ha destacado el esfuerzo en la renovación de unas instalaciones que eran una «bomba de relojería» cuando entró al gobierno en 2015.