La Sección Primera de la AP de Sevilla ha dictado este martes una providencia por la que cita a procuradores y acusados el próximo día 19 de noviembre, a las 12,00 horas, para notificarles la sentencia del juicio de la conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el próximo martes han sido citados los acusados, 21 ex altos cargos de la Junta, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Este juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.
Precisamente este miércoles vence la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle.
Y finaliza el plazo de dedicación exclusiva de este juez encargado de redactar la sentencia de la pieza política de esta macrocausa de corrupción, un documento que puede suponer más de 1.700 folios.
Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas.
Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.
Los 21 ex altos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación.
Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.
Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación.
En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general Manuel Gómez, el ex director general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.
En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina.
Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos ex altos cargos.
De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los ex secretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.
El abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el ex interventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.
LA PERICIAL, LA PRUEBA ESTRELLA IMPUGNADA
Durante juicio, tras la declaración de los 22 acusados –concluyeron en abril–, expusieron su testimonio más de 120 testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y nueve peritos a lo largo de las 152 sesiones desarrolladas en la vista oral.
Siendo la prueba estrella del juicio la pericial conjunta.
Esta prueba pericial, que se extendió durante más de seis semanas, mostró las opiniones diferentes y por lo general contradictorias entre los peritos pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y los propuestos por las defensas.
Además, contó con el especial protagonismo del jefe del equipo de la IGAE, Ángel Turrión.
Además, esta prueba, «la base de las acusaciones», según han expresado muchas de las defensas en sus informes finales, fue impugnada por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que ejerce la representación procesal del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por tratarse de una pericial «judicial», una decisión que contó con la adhesión de gran parte de las defensas.
«Una experiencia vital»
Tras concluir el informe final del ex director general de Presupuesto Antonio Lozano, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla abrió el turno de derecho a última palabra de los 21 ex altos cargos encausados, que se limitaron a dar las gracias a la Sala, a excepción de los dos expresidentes.
Así, Chaves afirmó que no tenía «nada que añadir, salvo expresar el reconocimiento a la labor del tribunal y que las intervenciones de la Fiscalía y los abogados de las defensas», indicando además que había sido «un cúmulo de conocimiento e información, una experiencia vital».
Por su parte, Griñán mostró su «pleno convencimiento y apoyo» a lo dicho por su letrado en agradecimiento al tribunal por su actuación y apoyo a la Sala.
