La Ejecutiva de GRECO: Aslan Yusufov, miembro de la Fiscalía General de la Federación Rusa; Vita Habjan Barboric, de la Comisión para la Prevención de la Corrupción de Eslovenia; Marin Mrcela, magistrado de la Corte Suprema de Croacia y presidente de GRECO; Ernst Gnaegi, del Departamento de Justicia Federal de Suiza; Monika Olsson, del Ministerio de Justicia de Suecia; y David Meyer, del Ministerio de Justicia de Reino Unido. Foto: Council of Europe.
Europa certifica que España avanza en la lucha contra la corrupción y la saca de su sistema de supervisión
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13/11/2019 16:24
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Actualizado: 13/11/2019 16:24
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El organismo anticorrupción del Consejo de Europa, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) ha concluido que España avanza en la lucha contra la corrupción, avalando así las reformas emprendidas por nuestro país en el ámbito parlamentario y de la Justicia.
Considera, además, que España ha cumplido total o parcilametne sus recomendaciones, según el informe de evaluación presentado en la reunión del plenario del 17 al 21 de junio en el que se examinó el nivel de cumplimiento de las recomendaciones de nuestro país, y que ha sido conocido hoy, el cual ha dejado de ser «globalmente insatisfactorio», por lo que lo ha sacado de su mecanismo de supervisión periódica, en el que permanecía desde 2016.
Los progresos reflejados en el segundo informe provisional de cumplimiento de ese organismo son muy significativos y consideran “cumplidas” o “parcialmente cumplidas” 10 de las 11 recomendaciones de la Cuarta Ronda de Evaluación.
En julio de 2016, GRECO concluyó que España no había puesto en marcha ninguno de sus requerimientos, por lo que calificó su nivel de cumplimiento de “globalmente insatisfactorio” obligando al Gobierno a remitirle informes periódicos sobre los progresos realizados.
En diciembre de 2017, Greco aprobó el primer informe provisional en el que no apreció ningún cambio.
Las reformas de la LOPJ impulsadas por el Ministerio de Justicia y aprobadas en el Parlamento el pasado diciembre son las que han provocado gran parte de los avances que el grupo anticorrupción del Consejo de Europa aprecia ahora en la judicatura y la fiscalía.
Su informe da por “satisfactoriamente cumplidas” dos recomendaciones.
En primer lugar, la creación de un código de conducta de los jueces que sea de fácil acceso para los ciudadanos y que esté complementado por servicios de asesoramiento en materia de conflictos de interés y otros aspectos relativos a la integridad de jueces y magistrados.
También se ha cumplido la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han pasado de seis meses a un año.
También subraya el cumplimiento parcial de su recomendación sobre el método de selección y el mandato del Fiscal General del Estado; el establecimiento de procedimientos transparentes de comunicación del Gobierno con éste y la búsqueda de una mayor autonomía en la gestión de los medios del Ministerio Público.
GRECO destaca, además, las reformas acometidas para reforzar la democracia interna y la transparencia en el funcionamiento del CGPJ, aunque lamenta que no se modifique el sistema de designación de sus vocales.
En el plano parlamentario este organismo también considera “parcialmente cumplidas” cuatro de sus recomendaciones. En primer lugar, la relativa a la aprobación en el Congreso y el Senado de un código de conducta para diputados y senadores.
El Congreso aprobó el suyo el pasado 28 de febrero, mientras que el Senado ya está trabajando en su elaboración. El grupo anticorrupción del Consejo de Europa valora igualmente el cumplimiento parcial en lo relativo a la regulación de la relación de los parlamentarios con los grupos de presión así como respecto al incremento del nivel de detalle de las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores.
GRECO hace un llamamiento a España para que desarrolle una estrategia anticorrupción integral y mejore su marco jurídico para prevenir la corrupción en los altos niveles gubernamentales y en los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Y recomienda hacer mejoras decididas en materia de transparencia y prevención de conflictos de intereses para los altos funcionarios del gobierno, incluidos los asesores políticos, una categoría de personas que actualmente se encuentra en una zona gris.
También establece que la independencia, poderes y recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses y del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deben ser mejorados significativamente.
Además, GRECO también pide normas y procedimientos más estrictos para hacer frente a los riesgos de las puertas giratorias cuando los funcionarios gubernamentales dejan sus funciones para trabajar en el sector privado.
Asimismo, aconseja revisar el sistema de aforamientos.
Los hacedores del informe por parte de GRECO, bajo la coordinación de Laura Sanz-Levia, han sido Damir Brnetic, asesor principal de la Policía de Croacia, Matthew Gardner, ex superintendente jefe y comandante operativo de la Dirección de Estándares Profesionales de la Policía Metropolitana, Asuntos Internos, del Reino Unido, Alexandra Kaousivska, asesora jurídica del Departamento de Prevención de la Corrupción de la Oficina del Gobierno de Eslovenia y Jens-Oskar Negard, asesor principal del Ministerio de la Administración Local y Modernización de Noruega.
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