La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga el ‘caso Lezo‘, que procese por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por la compra de Emissao en 2013.
De este modo, el Ministerio Público pide que concluya la instrucción de esta pieza sobre la adquisición de la empresa brasileña Emissao en la que se habría desviado 25 millones de euros de fondos públicos del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González.
Así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.
Asimismo, según ha informado el diario ‘El Mundo’, Anticorrupción solicita que también se proponga juzgar al que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino.
También el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; la ex directora del Canal María Fernanda Richmond; el ex gerente de Inassa Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.
De aceptar el juez la petición de la Fiscalía, se cerraría así la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención de Ignacio González.
Archivo de la pieza
El magistrado García Castellón acordó archivar la pieza sobre la compra de la empresa colombiana Inassa, por la que también estuvo investigado el expresidente de la Comunidad de Madrid y el ex ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón.
Según contó Pablo González, hermano del expresidente madrileño, al juez en una de sus comparecencias como imputado en este caso, el expresidente de Inassa le confesó los detalles de la operativa ilícita por la que se repartieron unos 5,5 millones de euros por la compra de Emissao.
Esta cantidad supuestamente se habría repartido entre el expresidente regional, Rodríguez Sobrino, Moro, García Arias y Navarro, como personas implicadas en la operativa por la que la empresa pública de aguas pagó 30 millones de dólares.
La división de las comisiones, siempre según la declaración de Pablo González, fue de 2,7 millones de euros para Rodríguez Sobrino a través de las sociedades opacas Amalfi y Rafaello, de los cuáles 1,8 millones corresponderían al expresidente madrileño.
Mientras que Moro recibió otros 1,8 millones que fueron ingresados en cuentas en República Dominicana.
García Arias y Navarro, por su parte, se embolsaron por la valoración económica de Emissao 900.000 euros.
Según explicó Pablo González, la conversación se mantuvo estando con Rodríguez Sobrino en prisión preventiva y en ella este último le reconoció que los investigadores encontraron parte de esas comisiones ilícitas, más de 260.000 euros, en el apartamento que tiene en Barranquilla (Colombia) a nombre de su hija.
En este sentido, Rodríguez Sobrino confesó que el dinero a repartir procedía «de las comisiones de lo de Brasil» y que su temor era que los investigadores iban a comprobar las transferencias hechas desde el país sudamericano a los implicados en esta operación, como efectivamente se pudo averiguar en la investigación de la comisión rogatoria trasladada a Colombia.
Ante esta revelación, el magistrado instructor acordó en abril del año pasado librar 12 comisiones rogatorias para obtener toda la información posible sobre las presuntas irregularidades cometidas en dicho reparto de dinero, así como sobre el patrimonio del considerado cabecilla de la trama.
Por lo que también requirió la cooperación internacional a países como Reino Unido y Bélgica para conocer el patrimonio del expresidente de Inassa y de su hija.
Detenido en Colombia
Estos hechos fueron confirmados posteriormente, en mayo de 2018, por el exgerente de Inassa Diego García Arias, que detenido en Colombia unos meses después de que se destapara este caso de corrupción.
En su declaración ante el juez precisó que la parte correspondiente al expresidente madrileño no se le ingresó a él directamente porque en 2013 ya estaba siendo investigado por las operaciones de compraventa de su ático en Estepona (Málaga), así que para evitar sospechas el dinero se traspasó a Rodríguez Sobrino.
Sobre la compra de Emissao, García Arias –que como parte de su colaboración con la justicia, devolvió el dinero de la comisión recibida– afirmó que el ‘número dos’ de la trama dio órdenes para que la valoración oscilase entre los 32 y 34 millones de euros y que, de salir adelante la operativa, el reparto autorizado por Ignacio González sería de seis millones de euros, aunque finalmente descendió a cerca de 5,5 millones.
