El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si se debe investigar a la diputada electa de JxCat en el Congreso Laura Borràs por presuntas irregularidades en la contratación de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), después de recibir la exposición razonada de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona.
La magistrada instructora de Barcelona, Silvia López Mejías, investiga desde julio de 2018 las presuntas irregularidades en la adjudicación de casi una veintena de contratos de servicios informáticos para la web de la ILC en la etapa que Borràs era consejera de Cultura de la Generalitat y, por tanto, dirigía la institución.
Al ver indicios de delito, la juez inició los trámites para elevar al Tribunal Supremo la investigación contra Borràs, al considerar que es el órgano competente para ello, ya que la portavoz de JxCat es aforada al ser miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Baja.
La exposición razonada ha llegado al Supremo, por lo que los magistrados de la Sala de lo Penal han dado traslado de la misma al Ministerio Público para que informe sobre si ve indicios de delito y se debe abrir causa contra la diputada de JxCat.
UNA ‘INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA’, SEGÚN BOYE
La defensa de Borràs, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, solicitó el pasado verano la nulidad de pleno derecho de la causa, al considerar que existe una falta de competencia objetiva, ya que, en el momento de abrirse la investigación, Borràs ya era diputada en el Parlamento catalán y consejera, y por lo tanto aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).
En un escrito dirigido al Juzgadode Instrucción 9 de Barcelona, señaló que desde el comienzo de la investigación judicial «ya sabía y conocía» que la investigada tenía la condición de aforada; pese a ello, inició la presente investigación contra ella, decretando, además el secreto de actuaciones».
«Una investigación secreta contra una aforada por un órgano manifiestamente incompetente, gravísimo», indicaba el letrado.
Asimismo, decía que se ha hecho una «investigación prospectiva» contra la diputada y afirma, textualmente, que la investigación supone una auténtica causa general en contra de Borràs y de otros miembros que intervinieron en la contratación desde el ILC.
LA VERSIÓN DE BORRÀS
Borràs aseguró en noviembre del año pasado que no cometió ninguna irregularidad, que «todo se ha hecho ajustado a la legalidad» en la ILC.
Negó haber troceado ninguna adjudicación para evitar concursos públicos para la elaboración de páginas web y recordó que hasta 3.000 euros se puede adjudicar a discreción, hasta 15.000 euros actualmente -entonces eran 18.000- se piden tres presupuestos, y por importes superiores se convoca un contrato público.
«Tres presupuestos es una forma de elegir no discrecionalmente», destacó.
Dijo que no puede permitir que «se ponga en entredicho» su gestión al frente de la institución, ya que la contratación pública tiene procedimientos claros y diáfanos, aparte de una auditoría de cuentas mensual, de modo que todo se hace de acuerdo a los procedimientos.
