Tras 48 horas de intensos debates, ayer, al filo de las 20.30 horas, nació en el Rectorado de la Universidad de Córdoba la nueva asociación Red de Abogadas y Abogados, votada por unanimidad de sus componentes a propuesta del abogado José Muelas, exdecano del Colegio de Cartagena y uno de los líderes de la ya legendaria Brigada Tuitera.
«Esto no es una guerra entre colegios y abogados. Esta no es una guerra entre un partido y otro. Esta es una guerra entre el presente y el futuro», dijo Muelas desde el escenario, lo que arrancó apasionados aplausos por parte de los abogados asistentes.
«Y esta guerra la vamos a ganar», aseveró.
En total, han participado en este «parto» casi 400 abogados procedentes de todas las provincias españolas, salvo Huesca y Teruel, quienes han abordado 45 ponencias en las 48 horas que ha durado el Congreso.
Red de Abogadas y Abogados, según sus fundadores, nace para defender los derechos del 85 por ciento de los abogados, que no pertenecen a grandes firmas o medianas, muchos de los cuales sufren los efectos de la crisis que tiene su origen en tres factores: la progresiva tendencia a la reducción del ámbito competencial de la abogacía, la crónica aversión de los gobernantes a invertir en justicia y la invasión del mercado de los servicios jurídicos por intermediarios captadores de clientela.
«En 2018 ya eran ya eran cuarenta mil los abogados que experimentaban problemas para atender sus obligaciones regulares de pago», escribió Muelas en su conocido blog. seis años
Una de las propuestas aprobadas en este Congreso ha sido, precisamente, el apoyo a una futura ley de servicios jurídicos que precise las competencias de abogados, procuradores, graduados, asesores jurídicos y que proteja al consumidor acabando con este «todo vale» actual.
Para arrojar luz sobre el asunto, León Fernando del Canto, abogado y «barrister» en Londres, explicó cómo funciona en Inglaterra y Gales la «Legal Services Act» (Ley de servicios legales), vigente desde 2007.
«Dicha legislación británica, además de extenderse a todas las profesiones jurídicas -no sólo a la abogacía- explica de forma exhaustiva las actividades y servicios que prestan las profesiones jurídicas reguladas («barristers», «solicitors», «legal executives», «licensed conveyancers», «notaries public», «patent attorneys», «trade mark attorneys» and «law cost draftsmen»–abogados, procuradores, ejecutivos legales, agentes de compra ventas inmobiliarias, notarios públicos, abogados de patentes, abogados de marcas y redactores de costes legales–), explica recientemente en una publicación.
Además, existe una Junta de Servicios Legales y un panel de consumidores que aseguran su cumplimiento.
Lo que podría ser un ejemplo a seguir.
Durante la primera jornada del Congreso, el invitado «estrella» fue Dionisio Moreno, abogado del caso Aziz, que relató su odisea en su lucha contra el Colegio de la Abogacía de Barcelona, que le dio de baja sin comunicárselo, y su lucha legal, que ha desembocado en el Tribunal Supremo seis años después.
UNA GESTORA PARA DAR FORMA LEGAL
De acuerdo con Muelas, que ha asumido, junto con tres personas más, el mandato de crear una gestora para constituir Red de Abogadas y Abogados en la figura jurídica que se decida, según las circunstancias.
«Podemos ser asociación, patronal, sociedad anónima, fundación, lo que sea que haga falta en cada momento. La asociación se ocupará de que la hidra sea multiforme. Los equipos que vamos a formar van a ser en red y voluntarios, para variar, y con principios de funcionamiento abierto», explica a Confilegal.
La gestora es un mero paso burocrático, desde su punto de vista.
«Porque si tienes que abrir una cuenta corriente es necesario que hayan dos personas que toman las decisiones mancomunadas. Pero no vamos a tener una estructura jerárquica al uso. En nuestra organización las decisiones seguirán tomándose como hasta ahora: en coordinación consensuada», relata.
