Los abogados José Manuel Calvente Redondo y Mónica Carmona Segura, que trabajaban para Podemos como delegado de protección de datos y como responsable de cumplimiento normativo del partido, respectivamente, denuncian haber sido cesados por el partido como «un grave acto de represalia y posibles coacciones» por estar investigando «graves irregularidades» en los asuntos de los que eran responsables, y que afectarían, según dicen, a varios cargos internos.
«En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional», afirman en un comunicado.
Fuentes de Podemos aseguran que los hechos denunciados en dicho comunicado no son ciertos. Afirman que ambos despidos están perfectamente justificados y que atienden a un reordenamiento interno de las áreas y equipos del partido.
‘POSIBLES INFRACCIONES PENALES’
Los letrados afirman que habían iniciado «expedientes internos de investigación para aclarar los hechos y defender al partido ante una posible reclamación», y que la respuesta de la dirección de Podemos ha sido «inventar acusaciones» contra Calvente «para justificar laboralmente su despido» y proponer la sustitución de Carmona «con la excusa de una «reorganización de departamentos».
«Todo ello para intentar puerilmente ocultar las graves infracciones legales objeto de investigación e intentar doblegar nuestra voluntad», denuncia Carmona en el comunicado firmado únicamente por ella y que va dirigido al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, el máximo órgano del partido entre asambleas.
Carmona señala que como responsable de cumplimiento normativo su obligación era «advertir de las irregularidades cometidas por los miembros del partido»; responsabilidades que, según dice, «podrían conllevar infracciones penales o administrativas» para algunos dirigentes.
«Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización», detalla.
También apunta que «si finalmente resultara la existencia de delitos», se podría considerar que sus despidos «se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento».
«El hecho más preocupante es que el despido llevará inevitablemente a una demanda laboral y que en este caso la judicialización de los hechos traerá graves consecuencias para el partido puesto que saldrán irremediablemente a la luz hechos tremendamente comprometedores para algunos cargos internos y responsables del partido», añade.
Carmona expresa que «ante la gravedad de estos hechos, que pueden terminar afectando gravemente a la reputación de Podemos», se ve «obligada a advertir» a todos los miembros del Consejo Ciudadano Estatal para que adopten las medidas y acuerdos necesarios para ordenar al Consejo de Coordinación a restituir a Calvente en su puesto de delegado de protección de datos y a rechazar su sustitución como responsable de cumplimiento normativo, «permitiendo que se continúen las investigaciones internas en marcha para individualizar las responsabilidades que pudieran derivarse de esos actos, protegiendo al partido como tal».
