La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, dirigió una misiva oficial a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, el pasado 21 de octubre pidiendo que se remitieran al Ministerio las certificaciones mensuales de las asistencias de justicia gratuita llevadas a cabo en territorio Ministerio.
Este comprende las Comunidades Autónomas de Murcia, Islas Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Islas Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
Rasillo recordó a Ortega que era necesario verificar que «el reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita, que ampara las actuaciones certificadas, se ha realizado conforme a lo establecido en el Capítulo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita».
Y que los gastos de funcionamiento e infraestructura han sido generados de acuerdo con «lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita».
Añade: «con el ruego de que Incluyan esta informacion en las certificaciones de asistencia jurídica gratuita que emitan, a partir del mes de octubre».
A esta carta le siguió otra, fechada el 21 de noviembre, en el que le refieren a la presidenta del CGAE que las certificaciones no vienen acompañadas de las previsiones solicitadas el 21 de octubre.
«Por todo ello y con la finalidad de poder tramitar y abonar la mencionada certificacion, antes del cierre contable de este ejercicio 2019, como es la voluntad de este Ministerio, por la presente se ruega a ese Consejo General de la Abogacia Española, que remita, a la mayor celeridad posible, la documentación complementaria a dicha certificacion del mes de octubre«, concluye esta segunda misiva, a la que ha tenido acceso Confilegal.
Ayer, representantes del Ministerio se reunieron con una delegación del CGAE. En la misma les plantearon la necesidad de complementar la documentación enviada con los certificados por los que se concedió la asistencia de Justicia Gratuita a los justiciables del territorio Ministerio que hicieron uso del turno de oficio.
Y les dieron hasta el próximo 11 de noviembre para aportar lo que faltaba.
De acuerdo con el Ministerio, la Intervención del Estado ha recomendado exigir dichas certificaciones porque, de acuerdo con la ley, solo las personas a las que se les ha concedido la Justicia Gratuita pueden disponer de la asistencia del turno de oficio. El resto que no cumplan esas condiciones, así como las empresas, no tienen derecho a ello. De otra, forma, los responsables de tal decisión podrían estar incurriendo en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al destinar dinero a un fin para el que no está reglado.
El CGAE, por su parte, respondió con un duro comunicado exigiendo al Ministerio el pago de todas las asistencias del turno de oficio realizadas por designación de los jueces, independientemente de si los expedientes hubieran sido reconocidos o no dentro del servicio de Justicia Gratuita.
«La designación de abogado es un mandato del juez instructor y responde a un derecho constitucional», dijo el comunicado.
El encausado puede acogerse a la Justicia Gratuita o no. Pero ignorando esto, «el Gobierno se desentiende de esta parte del funcionamiento de los tribunales españoles y deja en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos para recibir los beneficios de la Justicia Gratuita».
«El Ministerio justifica su posición en que podría estar cometiendo una ilegalidad si paga el turno de oficio no acogido por la justicia gratuita, ignorando que buena parte de las comunidades autónomas con competencias en la materia asumen el pago completo del turno de oficio y que el propio Ministerio de Justicia lleva años haciéndolo», remachó.
ÁNIMOS MUY CALIENTES EN TERRITORIO MINISTERIO
La decisión del Ministerio de no abonar nada más que aquellas asistencias que hayan sido aprobadas como Justicia Gratuita ha calentado los ánimos entre los 20.000 abogados que prestan el turno de oficio en territorio Ministerio.
Muchos colegios han convocado asambleas informativas para el lunes. Los decanos van a complementar todos los certificados que se requieran para que los colegiados cobren lo que se les adeuda.
«Y sobre el resto, vamos a reclamar y a movilizarnos», apunta Blas Imbroda, decano de Melilla.
«No es de recibo que el Estado nos obligue a prestar asistencias de turno de oficio y que después no nos pague. Si un juez ordena que se le de servicio de turno de oficio a un justiciable nosotros tenemos que hacerlo. No queda otra. Pero no se nos puede pedir que lo hagamos por amor al arte. El Ministerio tiene que encontrar una solución a esto. Muchos abogados no van a cobrar a fin de mes por trabajos que han hecho. En el Ministerio, sin embargo, todos van a cobrar a fin de mes, ¿no es así? Es una injusticia», concluye.
