Así consta en la diligencia de ordenación firmada hoy por el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia y que ha sido notificada a las partes.
El juzgado ha fijado inicialmente 66 sesiones diarias para la celebración de la vista oral, en la que serán citadas a declarar casi 300 personas, entre testigos y peritos, de acuerdo con la prueba admitida previamente. El juicio se celebrará en la Sala Tirant de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El calendario acordado, que puede sufrir modificaciones en función del propio desarrollo del juicio, reserva las primeras sesiones -los días 27, 30 y 31 de enero– al planteamiento y resolución de cuestiones previas.
Las declaraciones de los acusados han sido señaladas para los días 4, 5, 6, 7 y 10 de febrero. Entre el 11 de febrero y el 8 de julio se practicará la prueba testifical y pericial.
Finalmente, durante el 13 de julio de 2020 -y los días posteriores si fuera necesario- se celebrará el trámite de la prueba documental, las conclusiones y los informes.
La vista concluirá cuando se cumplan 14 años del accidente
El pasado mes de febrero, la jueza del Juzgado de Instrucción número 21 de València, Nieves Molina, que se encargó de la investigación del siniestro, dictó la apertura de juicio oral contra ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), entre ellos, la que fuera gerente de FGV, Marisa Gracia, tras la petición realizada en ese sentido por el ministerio fiscal y las acusaciones particulares.
Los procesados, además de Marisa Gracia, son el director de Operaciones, Manuel Sansano; el responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el jefe de Talleres de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García, y el responsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.
Fiscalía pide tres años y siete meses de cárcel para cada uno al considerar que lo sucedido en torno al accidente constituye un delito contra los derechos de los trabajadores en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo.
43 homicidios por imprudencia grave profesional y 37 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional.
A todos ellos les pide además inhabilitación especial, en el caso de Gracia, para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada durante cinco años y seis meses, y el mismo periodo para los otros siete, aunque en estos últimos lo es para el ejercicio de profesión relacionada con el ramo del transporte de viajeros.
Por su parte, las víctimas del metro elevan a cuatro años la petición de condena para los exdirectivos, en la misma línea prácticamente que el escrito del fiscal.
La causa se prolongó hasta que, en noviembre de 2018, la instructora dio por concluida la investigación, aunque «vinculada» por la orden de la Audiencia Provincial de reabrir el caso, que la propia jueza había archivado en varias ocasiones.
Indicios de delito
Para el tribunal valenciano había indicios de delito que permitían seguir adelante con la investigación con la toma de declaración como investigados de los exdirectivos que entendía que, en su ámbito de poder de decisión, debían conocer el trazado de la Línea 1 y los riesgos inherentes a la conducción.
Aún después de esa conclusión, hubo nuevos trámites procesales hasta la apertura de juicio oral, contra la que no cabía recurso, se remitía el caso a los Juzgados de lo Penal como órgano de enjuiciamiento y restaba la fijación del señalamiento de la vista que, según el calendario indicado, durará hasta julio de 2020, cuando se cumplan 14 años del accidente.
