La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha emitido un acuerdo de emergencia suspendiendo todas las notificaciones, señalamientos, vistas y plazos procesales entre el 4 y el 10 de noviembre, tal como habían solicitado los Consejos Valencianos de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales, en respuesta a la grave situación en la provincia de Valencia tras la devastadora DANA.
De forma paralela, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, se había puesto dirigido a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJy del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, adhiriéndose a la solicitud de sus colegas de Valencia.
El TSJCV, que preside Pilar de la Oliva, ha solicitado al CGPJ la suspensión formal de todas las notificaciones y plazos procesales entre las fechas mencionadas, estableciendo que las notificaciones enviadas por LEXNET en esas fechas serán consideradas como realizadas el 11 de noviembre. Lo que ha apoyado el CGPJ.
En caso de que la situación no mejore para esa fecha, se planteará una extensión de estas medidas.
La Sala de Gobierno del TSJCV, asimismo, ha tomado varias medidas excepcionales para abordar las dificultades que enfrentan abogados, procuradores, graduados sociales y ciudadanos que necesitan presentarse ante los órganos judiciales.
Entre las disposiciones principales, el tribunal ha determinado que los profesionales y ciudadanos que experimenten cualquier tipo de dificultad para desplazarse a las sedes judiciales podrán simplemente informar su imposibilidad de asistencia mediante una llamada telefónica.
Si no fuera posible siquiera realizar esta llamada, la Sala de Gobierno considera que la falta de comparecencia por sí misma justificará la suspensión de la actuación judicial.
“Insistimos y remarcamos que la evidencia de la situación justifica una presunción general de imposibilidad material de acudir a las actuaciones jurisdiccionales y procesales de que se trate,” afirma el acuerdo, poniendo énfasis en la flexibilidad y sensibilidad hacia los afectados por el temporal.
En el acuerdo se detallan los juzgados más afectados por las consecuencias de la DANA, incluyendo los de Catarroja, donde se ha declarado una imposibilidad material de actuación física, así como los de Requena y Torrent, cuya operatividad está gravemente comprometida por la situación calamitosa de sus localidades y las dificultades de desplazamiento para funcionarios y ciudadanos.
El TSJCV también expresa su gratitud a los colegios profesionales por su colaboración y por compartir las dificultades y propuestas que enfrentan sus miembros.
En este contexto, los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales han sido actores clave en la gestión de las solicitudes y propuestas para enfrentar las secuelas de esta catástrofe natural.
El TSJCV asegura que estas decisiones no perjudicarán a aquellos que sí pueden acudir a sus compromisos judiciales, buscando un equilibrio que permita continuar con las actuaciones judiciales en la medida de lo posible y salvaguardar los derechos de todos los implicados.
Con estas medidas, el TSJCV pretende garantizar que el acceso a la justicia en la provincia de Valencia se mantenga, a pesar de las graves dificultades que enfrenta la región.
