Imagen del juicio por el posible amaño del Levante-Zaragoza. Foto: EP
¿Por qué el juicio al supuesto amaño del Levante-Zaragoza tuvo desenlace absolutorio?
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12/12/2019 00:00
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Actualizado: 12/12/2019 00:00
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La sentencia dictada el pasado lunes en el Juzgado de lo Penal nº 7 de Valencia por el magistrado Manuel Aleis, absolvía a los jugadores inculpados por un presunto delito de corrupción deportiva.
Es decir, la sentencia confirmaba que no se había producido ningún tipo de amaño durante aquel encuentro que tenía lugar en el año 2011 en el que se enfrentaban Levante y Zaragoza, en el que este último tenía que ganar sí o sí para mantener la permanencia en la categoría.
La sentencia, reiteramos que absuelve a los jugadores procesados por dicho delito contenido en el artículo 286 bis 4 del Código Penal sobre corrupción deportiva.
A pesar de ello, la sentencia sí que ha condenado a Francisco Javier Porquera y a Agapito Iglesias, ex-director financiero y ex-presidente del Real Zaragoza, respectivamente.
A ambos sujetos han sido declarados culpables por la comisión de un delito de falsedad de documento privado (artículo 385 del CP relacionado con el 390.1.1º y 2º del mismo código).
El magistrado, Manuel Aleis, ha considerado a ambos sujetos culpables de tales ilícitos debido a la falsificación de nóminas con el objetivo de ocultar o esconder el dinero que se había transferido en concepto de “amaño”.
Esa cantidad que ascendía a 1,7 millones de euros que, realmente, se conoce que salieron del club maño.
Transferencias bancarias
Según se incorpora en la sentencia, dicha cantidad provenía, en un primer momento, de transferencias bancarias por valor de 965.000 euros que se destinaron a nueve jugadores, además de al entrenador y al director deportivo.
La cantidad restante, 765.000 euros, fueron abonados en efectivo, previamente a la celebración del encuentro.
La prueba que demuestra la existencia de esta última cantidad emana de la firma del ex-capitán del Real Zaragoza y Atlético de Madrid, Gabriel Fernández en un pagaré por dicha cantidad.
El medio centro expuso en sus declaraciones en más de una ocasión que dicha firma se realizó en base a una tesis de engaño.
Pretensión que parece haber sido admitida y plasmada en la sentencia por el magistrado, relacionándola, además con las cantidades que los jugadores recibían en concepto de primas durante toda la temporada.
El mismo expresa; “ambas sumas coinciden (refiriéndose a los 765.000 euros), con lo que, si tenemos en cuenta las circunstancias emocionales en las que el Sr. Fernández Arenas dice haber firmado tanto ese documento, durante el acto de despedida como jugador del Zaragoza, es también posible que creyera realmente estar firmando la confirmación de las primas grupales percibidas durante la temporada”.
Dicha pretensión de las primas también fue alegada por los dirigentes del club durante el proceso, alegando que se destinaron estas a determinados jugadores por su implicación a lo largo de la temporada, además de otras que eras consideradas “especialísimas” que fueron abonadas de forma adelantada y en efectivo por la permanencia en la Primera división.
Es cierto que el magistrado, ante estas declaraciones, mostró su negativa justificándola en la difícil situación económica que travesaba el equipo maño.
Es incomprensible pensar que si la entidad se encontraba inmersa en concurso de acreedores, se pudiera destinar alrededor de un millón de euros a determinados miembros de la plantilla.
Además, añade que el modus operandi del equipo fue extremadamente cuestionable, ya que las cantidades fueron transferidas de forma fraccionada, en días consecutivos.
La propia sentencia añade: “desvirtúa la tesis de que se tratara del abono de una prima, ya que, de haber sido así, no había necesidad, ni prisa para disponer en efectivo de dichas cantidades que, normalmente, hubieran permanecido en las cuentas de sus destinatarios”.
En cambio estas fueron devueltas a Agapito Iglesias, según les testimonios de varios jugadores.
A pesar de la certeza sobre el dinero que desembolsó el club maño, la situación presentó una serie de dudas razonables a cerca de quien obtuvo el mismo o si verdaderamente se hizo.
Por ello, la propia sentencia recoge que ningún hecho fue probado, ni considerado como delito de corrupción deportiva.
Incluso, no se conoce de las personas que verdaderamente participaron en el presunto amaño, lo que aplica un inmenso in dubio pro reo.
Añadiendo, expresamente, la propia sentencia; “Desconocemos cómo llegó el dinero a los jugadores del Levante, si alguno de los directivos, empleados o jugadores del Zaragoza participó en ello o fue por medio de terceros, y asimismo ignoramos cuál habría sido el cauce utilizado para entregárselo a los jugadores del Levante».
«Se menciona (…) al capitán Sergio Martínez Ballesteros (…) pues no se ha probado que tuviera intervención alguna en la negociación del amaño o en la recepción o reparto del dinero o que tuviera mayor influencia en la plantilla del Levante que la correspondiente al hecho de ser uno de sus capitanes».
Analizando, ahora, el resto de las pruebas practicadas durante el juicio, el informe de la Agencia Tributaria no sostiene que se pudiera perpetrar un delito de fraude deportivo.
Además, las propuestas y practicadas por LaLiga, entre ellas del jugador del Zaragoza que supuestamente le confesó a Javier Tebas, presidente de la LNFP, que el partido había sido amañado, fueron declaradas sin base objetiva concreta.
Otras pruebas que propuso LaLiga, como el visionado del encuentro y el informe de estadística que se realizó del mismo, se declararon irrelevantes por el juez para la resolución del litigio.
El magistrado consideró que la propia naturaleza aleatoria del fútboles evidente y difícilmente conciliable con las reglas de la estadística.
Claridad
Por otro lado, los testimonios de Quico Catalán, colegiado del encuentro, y de Luis García Plaza, por entonces entrenador del Levante U.D, aportaron cierta claridad al proceso, ya que ambos confesaron que no tenían constancia de que el partido estuviera amañado y no observaron indicios de ello.
A su vez, el interrogatorio de Sergio González, jugador del Levante que no fue convocado al entrenamiento, hizo visible el desconocimiento del jugador sobre el amaño.
Cuestión que entendió el juez como que la oferta tuvo que ser debatida y aceptada, previa convocatoria, por el conjunto de la plantilla, lo que incluiría a dicho jugador que, como testigo, lo niega.
Por todo ello, el juicio por el supuesto amaño entre el Levante-Zaragoza, que ha estado abierto, prácticamente, ocho años, ha culminado con una sentencia absolutoria para todos los imputados a excepción de Agapito Iglesias y Javier Porquera por la comisión de un delito de falsedad en documento privado.
La sentencia absolutoria se basa en que no se han probado las circunstancias en las que se habría perpetrado el delito de corrupción deportiva, ni acerca de las personas que participaron materialmente en el amaño, ni como se negoció, ni quienes o como lo ejecutaron, de una o de otras parte.
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