El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel y a 15 años de inhabilitación especial por los ERE, ha cambiado de letrado.
José María Calero Martínez (Ciudad Real, 1961), del bufete Calero Martínez Abogados Penalistas, de Sevilla, le llevará su defensa de cara al recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra esta condena impuesta el pasado 19 de noviembre por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla compuesto por los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle Peña.
Griñán ha sido sentenciado por un delito continuado de malversación de fondos públicos y un delito, también continuado, de prevaricación administrativa.
José María Calero ha confirmado que ha aceptado convertirse en su representante legal y ha informado que ya se encuentra estudiando la sentencia y preparando el anuncio del recurso ante el Alto Tribunal, cuyo plazo finaliza el 20 de enero.
Durante el juicio ha representado a Griñán el letrado José María Mohedano.
El expresidente andaluz quería que ambos ejercieran su defensa, pero Mohedano ha renunciado a continuar siendo su abogado, según ha informado el propio Mohedano en un comunicado.
Dice que «no acepta compartir esta defensa profesional -que en ningún caso puede ser política-» con Calero.
Mohedano ha indicado que él «había propuesto la colaboración en los trámites del recurso de casación y siguientes con un conocido catedrático y con un alto magistrado jubilado», pero que el expresidente andaluz «ha preferido incorporar a otro abogado cuyas características, con el debido respeto a su persona, son incompatibles» con su permanencia en la defensa.
En total, han sido condenados 19 excargos socialistas de la Junta de Andalucía, de la que salieron casi 680 millones de euros «sin ningún control» entre 2001 y 2009.
Entre ellos también está el expresidente de la Junta Manuel Chaves, sentenciado a 9 años de inhabilitación especial; los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y José Antonio Viera, condenados a siete años, 11 meses y un día de prisión, y a 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta; o los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, sentenciados a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta.
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