La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de entre 5 y 7 años de cárcel y multas de 50 millones de euros de multa para cinco antiguos responsables de UGT Andalucía por la causa de las facturas falsas, por supuestos delitos continuados de fraude de subvenciones y de falsedad en documento mercantil.
Pide 7 años de cárcel y multa de 50 millones para el exsecretario general de sindicato Francisco Fernández Sevilla y cuatro personas más de la dirección: el que fuera secretario general de administración de UGT-A, Federico Fresneda Heredero; la secretaria de gestión económica, María Charpín Osuna; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados, Enrique Goicoechea Salazar.
Para la responsable del departamento de Compras de UGT-A, María Dolores Sánchez Montaño, reclama cinco años de prisión y la misma multa.
También pide que abonen una indemnización conjunta y solidariamente de 40,7 millones de euros –la cantidad supuestamente defraudada-, y a la responsable del departamento de Compras, el pago de 4,2 millones.
Además de a estos cinco excargos, el Ministerio Público acusa a otras nueve personas, que eran proveedores del sindicato, para quienes pide tres años de prisión y multas de 3.650 euros.
Los considera cooperadores necesarios del sindicato para la comisión de los dos delitos.
Son José Pineda, administrador de Imprenta Pineda; Moisés de los Ángeles Morillo, administrador de Viajes Macarena; Simón María Chávarri, administrador y accionista de Chavsa; Diego Francisco de la Mata, administrador de Lienzo Gráfico; Miguel Ángel González; administrador de Karonte Nuevos Desarrollo; Mónica y Diana Correrredero, ambas socias y administradoras de Publicar DM; José Luis Casa, gerente, apoderado y socio de Siosa; Deseada Ferrándiz, gerente de Carpetas Abadía; y María Antonia Domínguez, administradora de Carpetas Abadía.
A principios de mes, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla dictó un auto en el que acordaba continuar como procedimiento abreviado la causa abierta por las presuntas facturas falsas del sindicato contra estos exaltos cargos y proveedores, una resolución en la que concluyó el magistrado que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la dirección general de formación de la Consejería de Empleo de la Junta a la organización sindical, en los que se ha contado con la información documental necesaria, «asciende a 40.750.047,74 euros».
El juez acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del exsecretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.
