La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) mantiene la concentración con togas de mañana, a las doce, ante el Ministerio de Justicia y anuncia «nuevas movilizaciones y acciones en tanto que el Ministerio de Justicia y demás administraciones implicadas no pasen de las palabras a los hechos».
Así lo ha informado en un comunicado, en el que agradece el apoyo mostrado por diversas asociaciones y colegios de abogados que se han adherido a la convocatoria de mañana y hace un llamamiento a todos los colegiados a que participen «masivamente» en ella.
Por parte del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) han confirmado su asistencia los diputados y socios de Altodo Begoña Castro Jover (vicedecana), Eugenio Ribón Seisdedos, y Lola Fernández Campillo, además de otros miembros de la Junta de Gobierno.
Como ha informado Confilegal, el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se comprometieron ayer tarde a buscar una solución al problema de las asistencias de los abogados de oficio a personas y empresas que no están cubiertas por la Ley de Asistencia Justicia Gratuita.
En una reunión celebrada en el Ministerio, acordaron crear una mesa de trabajo formada por representantes de ambas partes para estudiar las reformas legislativas y reglamentarias que son necesarias para «asegurar la justa retribución de aquellas actuaciones de los profesionales designados de oficio que garantizan el derecho de defensa y la asistencia de letrado reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución ,pero que no están amparadas» en la mencionada Ley.
El Colegio de Abogados de Madrid ha respaldado la propuesta del Ministerio de Justicia de crear esta mesa de trabajo bilateral para abordar y atender las demandas de los abogados que prestan servicios de asistencia jurídica gratuita.
El decano del ICAM, José María Alonso, uno de los representantes del CGAE que asistieron ayer a la reunión con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, considera «positiva la voluntad política manifestada por el Ministerio de Justicia para buscar y alcanzar una fórmula razonable y efectiva que ponga fin al conflicto y dé satisfacción a las demandas legítimas y justas planteadas por la Abogacía», según ha informado el ICAM en un comunicado.
Alonso destaca que no se detendrá «hasta que de manera urgente se materialice la solución para todos los abogados del turno» y ha advertido de que, hasta entonces, continuará con las acciones administrativas y legales decididas en el último pleno del Consejo General de la Abogacía.
Añade que la posición del ICAM es «completamente favorable a establecer cualquier negociación que esté orientada y tenga como resultado un acuerdo alineado con los intereses de la Abogacía, y que se produzca de forma inmediata».
Esta mesa de trabajo se reunirá por primera vez en enero y se convocará quincenalmente con el objetivo de estudiar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para este tipo de profesionales.
Justicia comunicó el pasado 4 de diciembre al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Madrid que no pagaría aquellos expedientes del pasado octubre que no cumpliesen los requisitos establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por ello, abrió un plazo -que concluyó el pasado 11 de diciembre- para que se remitiesen al Ministerio los certificados de todos aquellos procedimientos que fueron asistidos por abogados del Turno de Oficio.
Se trata de determinados casos asistidos siguiendo mandato judicial por abogados del turno de oficio registrados en la denominada ‘zona Ministerio’, que comprende las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
Ya con el plazo cerrado, el Departamento que dirige Delgado anunció que en los próximos días abonará más de 4 millones de euros a los colegios que habían presentado la documentación, lo que corresponde al 95% de lo reclamado inicialmente.
Indicó que el 5% restante, 228.499,11 euros, no se pagará al no corresponder a clientes con derecho reconocido a asistencia jurídica gratuita.
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