Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, los cuatro fiscales de la causa del «caso procés», han dirigido un escrito al magistrado Pablo Llarena, instructor de esa misma causa para los procesados huidos, pidiendo que dirija al Parlamento Europeo la petición del suplicatorio para suspender la inmunidad de Carles Puigdemont Casamajó y Antoni Comín Oliveres.
Y que se mantengan también las medidas cautelares de «prisión provisional, órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía, que sólo podrá dejarse sin efecto cuando comparezcan voluntariamente o sean entregados para responder de los cargos que se les atribuyen».
El Ministerio Fiscal contesta, de esta forma, al requerimiento que Pablo Llarena realizó –también a las defensas y a la acusación popular de Vox– el pasado 19 de diciembre para que se pronunciaran sobre la indidencia podría tener la sentencia dictada ese día por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la situación de Puigdemont y Cómin, procesados y huidos a Bélgica.
A LA MAYOR URGENCIA POSIBLE
En el escrito facilitado por la Fiscalía General del Estado se puede leer: «Que se solicite (…) a la mayor urgencia posible al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad, conforme a lo establecido por el artículo 9 párrafo 3º del Protocolo [número 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre privilegios e inmunidades de la Unión], de acuerdo con la interpretación establecida y a los efectos previstos por la sentencia del TJUE».
En dicho escrito, que tiene fecha de 20 de diciembre, el Ministerio Fiscal, recuerda que el artículo 9 de dicho protocolo garantiza que los europarlamentarios gozan «en su propio territorio nacional de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país» y que no pueden ser detenidos ni la justicia puede actuar contra ellos.
DELITOS MUY GRAVES
Sin embargo, la gravedad de sus acciones, por las que sus compañeros de gobierno autonómico fueron condenados hasta con 13 años de cárcel por delitos de sedición, y el hecho de que ellos hayan eludido cualquier tipo de responsabilidad huyendo al extranjero, justifican dejar las cosas como están en territorio español.
«El hecho de que los procesados Carles Puigdemont Casamajó y Antoni Comín Oliveres, lo hayan sido por delitos muy graves y se encuentren en rebeldía, por haberse sustraído a la acción de la justicia desde el inicio del procedimiento penal que se sigue contra ellos, justifica la necesidad de mantener las medidas cautelares que pesan contra ambos, y particularmente las órdenes europeas de detención emitidas en fecha 4 de noviembre de 2019″, escriben los cuatro fiscales.
En esta línea de acción, consideran que se debe informar a las autoridades judiciales belgas, a las que envió una Orden de Entrega y Detención, sobre la petición del suplicatorio para dejar sin efecto los plazos para la resolución de la entrega hasta que el Europarlamento tome una decisión.
