Resuelve el recurso que presentó el PP en 2009 contra la Ley de Educación de Cataluña. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
El Constitucional dicta 12 sentencias favorables a personas que sufrieron prisión preventiva a las que se les negó el derecho a indemnización
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08/1/2020 00:00
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Actualizado: 29/10/2021 22:42
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El Tribunal Constitucional ha estimado los recursos de amparo de 11 personas que sufrieron prisión preventiva, y a las que se les retiraron después los cargos, o que fueron absueltos después de un proceso judicial, a las que la Administración de Justicia les ha negado indemnización alguna.
Es la consecuencia directa de la decisión del Pleno del máximo tribunal de garantías que, el año pasado, declaró la inconstitucionalidad y nulidad de parte de la redacción del artículo 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que reza: «Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios».
El Constitucional declaró nula la parte referida a la «inexistencia del hecho imputado» y «por esta misma causa» por vulneración de los artículos 14 –igualdad ante la ley– y 24.2 –a la presunción de inocencia– de la Constitución.
Antes se exigía que se demostrase que no se había producido un delito, con lo que quedaban excluidos los afectados en casos en los que se daba por probada la existencia de un delito, pero no su participación en el mismo.
La decisión del Constitucional abrió el abanico de casos a indemnización a aquellos que hubieran sido absueltos en todos los casos, siempre que se le hayan causado perjuicios.
De esa forma, el TC trató de dar una respuesta más adecuada al mandato de la Constitución, que prevé de forma expresa que los daños causados por error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a una indemnización a cargo del Estado de acuerdo con lo que establezca la ley.
Esta es la decisión que ha tomado en los 12 casos: «Retrotraer las actuaciones a la vía administrativa previa para que se resuelva la reclamación de responsabilidad patrimonial de forma respetuosa con los derechos fundamentales a la igualdad y a la presunción de inocencia».
Los reclamantes y sus casos son estos:
Juan Tomás Quevedo Moreno Arrones pasó un año y diez meses en prisión preventiva y fue absuelto de un delito de asesinato por un jurado popular por la eximente de legitima defensa; solicitó 234.959,21 euros de indemnización y el Tribunal Supremo se lo denegó.
Alejandro Barcia Díaz estuvo casi tres años en prisión por un delito contra la salud pública, del que le absolvió el Supremo. Pidió 130.225 euros, que se le denegaron.
Ramiro Vázquez Cundins sufrió 11 meses de prisión preventiva por un delito de abusos sexuales, del que fue absuelto, en apelación, por la Audiencia Provincial de Tenerife. Reclamó 366.031,98 euros, que no le concedieron.
Lucas Felipe Cano Pérez pasó en la cárcel 2 años y 10 meses –en dos periodos diferentes– acusado de un delito de asesinato y otro de robo con violencia, de los que resultó absuelto. La cantidad indemnizatoria solicitada fue de 204.726 euros. Denegada.
John David Heyfron estuvo 19 meses en prisión provisional acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que fue después absuelto. La cantidad que reclamó fue de 160.000 euros. Denegada.
Tarik Dermaj pasó 3 meses en prisión provisional por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, delito de atentado y falta de lesiones, por el que fue absuelto. Solicitó una indemnización de 14.030,17 euros, que le fue denegada.
Juan Garrofe Figuerola estuvo 3 en prisión provisional acusado de un delito de amenazas, por el que fue absuelto. Solicitó 101.082 euros, que le fue rechazada.
Roberto Araiz Benavides pasó 2 años y 6 meses en prisión preventiva por un delito contra la salud pública del que fue absuelto. Pidió 600.000 euros de indemnización. Denegado.
Lukmon Alabi Badmus permaneció 8 meses en prisión preventiva por los delitos de estafa, falsedad documental y asociación ilícita por los que fue posteriormente absuelto. Reclamó 29.659 euros. Le fue rechazada.
Ion Datcu, por su parte, estuvo 1 año y 9 meses en prisión preventiva acusado de un delito de agresión sexual y una falta de lesiones. Demandó 274.600 euros. Le fueron denegados.
Ionut Marin pidió al Ministerio de Justicia de 274.600 euros por los perjuicios causados más 40.000 euros por las dilaciones indebidas tras pasar 1 año y 10 meses por un delito de agresión sexual y una falta de lesiones, por los que fue absuelto. También le fueron denegadas.
María Noel Borges Monge, por último, pasó en la cárcel 2 años, 3 meses y 2 días acusada de un delito contra la salud pública, por el que fue absuelta. Reclamó una indemnización de 301.052,8 euros. Le fue denegado.
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