María del Prado Salmerón, representante de Ecologistas en Acción de Talavera, señalando el chalet del fiscal decano, que se encuentra a pocos metros de un embalse, en una zona que tiene evidente peligro de inundación.
Ecologistas en Acción de Talavera pide la intervención del Consejo de Transparencia por el silencio de la CHT en el caso del chalet del fiscal decano
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09/1/2020 00:00
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Actualizado: 22/6/2020 18:05
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La asociación Ecologistas en Acción de Talavera ha presentado un escrito ante el Consejo de Transparencia pidiendo que intervenga ante la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por no cumplir con la obligación de informar sobre la demolición del chalet del fiscal decano de esa ciudad, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha confirmó mediante sentencia.
La CHT tenía que haber contestado a principios de noviembre, tal como establece la Ley de Transparencia, y ya han pasado tres meses.
La Ley dice que si no se responde en 30 días la Administración tiene que explicar sus razones.
Ecologistas en Acción también dirigió otro escrito al mismo organismo, hace un mes, pidiendo su intervención para que la CHT le facilitara el expediente de legalización urbanística del chalet, abierto el pasado mes de septiembre a solicitud de María García García, esposa del fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade –copropietario–, después de que la mencionada Confederación recibiera, desde el TSJCLM, la confirmación de su sentencia.
El propio Consejo de Transparencia ha mantenido silencio a este requerimiento.
Ecologistas en Acción considera que no hay ninguna razón para estudiar la petición de legalización de la mencionada construcción, levantada en zona de servidumbre y en zona de policía, prohibidas ambas, «por haber decaído su derecho a legalizar las obras o a que sean autorizados los trabajos denunciados».
Máxime cuando el TSJCLM declaró firmes los apercibimientos que la CHT hizo a ambos propietarios en 2009 –hace diez años, el primero– y en 2017 –el segundo–.
En los mismos se requirió a la esposa del fiscal decano –cuya principal función en ese puesto es la defensa de la legalidad– para que «repusiera las cosas a su estado anterior», un eufemismo administrativo para decir que debía demolerlo con cargo a su bolsillo.
El matrimonio, tras recibir la comunicación de la firmeza de la sentencia del TSJCLM, interpuso una acción de restablecimiento de la legalidad urbanística ante la CHT, lo que provocó, inexplicablemente, la apertura del consiguiente expediente cuya resolución todavía no se ha producido.
Es por ello que Ecologistas en Acción entiende que ese momento ya ha pasado y que la petición está hecha fuera de tiempo, puesto que tenían que haberla iniciado hace diez años. Por lo tanto, la única salida es la demolición.
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