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¿Qué retos afronta José Luis Rodríguez como nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

El nuevo presidente del CTBG pidió en su comparecencia en la Comisión del Congreso de Política Territorial y Función Pública, que evaluó su idoneidad, un mayor presupuesto y una mayor dotación de recursos para el organismo.
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Reformas normativas e impulsar el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) con más medios técnicos humanos son dos de las cuestiones que los expertos creen que tendrá que afrontar José Luis Rodríguez Álvarez, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y exalto cargo durante los Gobiernos de Zapatero, en su nuevo reto de presidir el CTBG.

Rodríguez se convierte en el segundo director al suceder a la hasta ahora presidenta del Consejo, Esther Arizmendi, quien falleció el 19 de noviembre de 2017. Desde entonces el subdirector Javier Amorós era quien ocupaba el puesto de presidente en funciones.

Una vez obtenido el respaldo del Parlamento, José Luis Rodríguez podrá ser nombrado oficialmente presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por un periodo no renovable de cinco años.

Nacido en Madrid el 4 de enero de 1962, Rodríguez es profesor de Derecho Constitucional y tras dirigir la Fundación Democracia y Derecho Local, entró en Moncloa en abril de 2004, con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, como director del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, entonces Francisco Caamaño.

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En abril del año 2008 pasó a ser director general de Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia, cargo que ocupó hasta febrero de 2009, cuando Caamaño fue nombrado ministro de Justicia y se lo llevó de director de gabinete.

El Gobierno Zapatero le nombró también director de la Agencia de Protección de Datos en junio de 2011 y allí continuó hasta 2015, conviviendo con el Gobierno de mayoría absoluta del PP, que no podía relevarlo hasta terminar su mandato de cuatro años.

El nuevo presidente del CTBG pidió en su comparecencia en la Comisión del Congreso de Política Territorial y Función Pública, que evaluó su idoneidad, un mayor presupuesto y una mayor dotación de recursos para el organismo, una reivindicación histórica del propio Consejo.  La entidad cuenta con 22 puestos de trabajo y un exiguo presupuesto de 2,2 millones.

También aseguró que “es fundamental que la transparencia esté en mente de la Administración cuando ya conciban cualquier servicio porque si se tiene en cuenta una vez ya está en funcionamiento o desarrollo, puede no funcionar correctamente y habría que “retrotraer el proceso”.

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“La transparencia tiene que estar configurada desde el primer momento y que siempre se vaya tratando la información teniendo en cuenta la necesidad de atender estas obligaciones de transparencia y de acceso”, explicó.

Mucho trabajo por delante

Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia, secretaria general de la Fundación hay Derecho y socia del despacho Cglegal, conoce bien al nuevo presidente del Consejo de Transparencia del que espera lo mejor y que mantenga la apertura con los medios de comunicación de la entidad.

Esta jurista se muestra sorprendida por el ‘quórum’ que ha logrado Rodríguez al ser elegido presidente del Consejo de Transparencia con 21 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones.

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“El reto que tiene es demostrar que es independiente y que podrá enfrentarse a las diferentes administraciones o Ministerios cuando surja la oportunidad. La transparencia es un antídoto contra la corrupción, la arbitrariedad o el abuso de poder. Debe apoyarse en la sociedad civil en su gestión. La transparencia se práctica y no se predica, como dicen otros expertos”.

La primera presidenta del Consejo de Transparencia, Esther Arizmendi, cosechó 26 votos a favor y 14 en contra cuando fue nombrada en 2014, cinco apoyos más que los obtenidos ahora por el nuevo presidente. Aunque las comisiones por aquel entonces contaban con tres diputados más que en la actualidad.

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Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia, secretaria general de la Fundación hay Derecho y socia del despacho Cglegal.

Para esta experta en transparencia “hay mucho por hacer, con dos años en interinidad sin cabeza visible. Habrá que reformar la ley de transparencia y hacer un esfuerzo por sacar el correspondiente desarrollo reglamentario. Para ello es importante que esta entidad cuente con los medios técnicos y humanos necesarios para realizar su trabajo, como ha demandando en los últimos meses. Tendrá que luchar por ello”.

A su juicio, “quizás el reto mayor está en que las resoluciones de este Consejo de Transparencia se cumplan y sean respetadas por el Gobierno y el resto de administraciones públicas”.

Desde el punto de vista normativo “creo que hay que hacer un esfuerzo por mejorar la ley que nació modesta en el 2013, ahora después de siete años se ha quedado muy corta. Hay que darse cuenta que este Consejo de Transparencia no tiene capacidad ejecutiva de sanción ante determinadas actitudes o comportamientos. Su labor de inspección es escasa y está muy limitado a nivel de funcionamiento”.

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De la Nuez también aboga porque se mejore la coordinación de los Consejos de transparencia que existen en nuestro país, especialmente la relación entre el Consejo Estatal y los autonómicos que existen en España.

“Realmente tienen una coordinación informal, ya que hablan entre ellos. Hay que darse cuenta que existe una Ley autonómica diferente, pero no estaría de más una homogeneización más clara aunque no es sencillo de lograr”.

Es difícil acceder a la información pública

Para Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia y en acceso a la información pública, los objetivos que debe priorizar el nuevo presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno van en esta dirección. “En primer lugar, tiene que conseguir que el Gobierno respete y cumpla con las resoluciones dictadas por el CTBG”. 

Desde su punto de vista, “no es admisible la situación actual en la que cada año se presentan más recursos contencioso-administrativos por los distintos Ministerios y entidades públicas estatales, o lo que es peor y más grave, simplemente no hacen caso al CTBG y no facilitan la información solicitada por los ciudadanos. El acceso a la información pública se hace eterno y la información pierde utilidad o interés. El retraso en acceder a la información equivale a su denegación”.

Junto con ello, Blanes también es partidario de que el CTBG sea reforzado con más medios económicos, personales y jurídicos. “Hay que darse cuenta que el trabajo aumenta cada año con más reclamaciones y los medios son escasos para resolverlas y vigilar también el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los portales de transparencia”.

Desde esta perspectiva, “el Consejo debe tener más medios jurídicos para que sus resoluciones se cumplan y no queden en papel mojado. Es necesario que pueda imponer multas coercitivas para obligar a que se entregue la información, así como imponer sanciones ante los incumplimientos de la Ley de Transparencia. Si el incumplimiento de sus resoluciones sale gratis, se convertirá en una institución ineficaz”.

A nivel normativo, Blanes también es partidario de que se modifique la actual Ley de Transparencia. “No podemos olvidar que la ministra de Política Territorial y Función Pública se comprometió en marzo de 2020, en una comparecencia en el Senado, a reformar la Ley 19/2013, de transparencia”.

Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en transparencia y en acceso a la información pública.

Sin embargo, agrega, “con posterioridad, se ha cambiado de opinión y, en lugar de reformar dicha Ley, se aprobará su reglamento de desarrollo, el cual, lógicamente, ya nace muerto, puesto que no va a poder incidir sobre las cuestiones que necesitan ser cambiadas a través de la modificación de la Ley”.

En cuanto a la relación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el resto de Consejos, Comisiones o Comisionados de transparencia autonómicos, apunta que no existe una unidad de criterio a la hora de resolver las reclamaciones.

Existen interpretaciones divergentes entre ellos que generan gran inseguridad jurídica. En su blog, uno de los más conocidos del sector publicó un post sobre esta cuestión.

Buena noticia, romper la interinidad

Por su parte Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, reconoce que “el mismo hecho de que el Consejo de Transparencia supere la interinidad en la que se encontraba desde hace dos años a raíz del triste fallecimiento de su primera presidenta, Esther Arizmendi, ya es una decisión positiva”.

Desde su punto de vista, “estos dos años de interinidad que la entidad ha vivido sin una cabeza visible, con todos mis respetos a Javier Amorós que ha sabido salvar esta situación, es algo que perjudica la imagen institucional, que la debilita”.

Linares considera que “el primer reto del presidente comienza por transitar de la interinidad al pleno ejercicio de las potestades que contempla la Ley de Transparencia estudiando e instando las reformas que garanticen el mejor acceso real de los ciudadanos al derecho a conocer cómo funcionan nuestras administraciones y qué se hace con los recursos públicos”.

Para este experto dicha modificación normativa, necesaria para adecuar la entidad al momento en el que se vive, “debe aprovecharse para dar más solidez a este organismo institucional. La reforma debe aprovecharse para instaurar un régimen sancionador para quienes incumplen la ley”.

Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

“Otros retos tan importantes como el anterior, son, por una parte, la de despejar cualquier duda sobre la imparcialidad, neutralidad e independencia de la institución respecto los poderes públicos”.

Asimismo, “deberá impulsar a nivel de Estado una cultura de la trasparencia en nuestra sociedad en general y en las administraciones públicas, en particular, difundiendo a todos los niveles los derechos de la ciudadanía al acceso a la información pública y las obligaciones de las administraciones públicas derivadas de la ley”.