El Juzgado de lo Penal de Ávila acoge entre hoy y mañana el primer caso que llega a juicio en España por la caza ilegal de un lobo como especie protegida.
Serán juzgados dos cazadores, uno de ellos sin licencia de armas, según ha informado Ecologistas en Acción.
Esta organización ecologista está personada en la causa como acusación particular, al igual que Lobo Marley, Anadel y la Junta de Castilla y León.
A petición de las acusaciones particulares los casuse enfrentan, por la caza de una especie protegida, a penas de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para cazar.
El acusado que supuestamente portaba armas sin licencia durante esa cacería, en la que participaron sesenta personas, se enfrenta, además, a una pena de un año de cárcel, según dichas fuentes.
La acusación de la Junta de Castilla y León pide una multa de 48.000 euros -16 meses de multa a razón de 100 euros diarios- e inhabilitación para cazar por cuatro años, así como una indemnización de 9.261 euros por la muerte de una especie protegida.
Los hechos tuvieron lugar en una montería el 29 de noviembre de 2015 en el coto de caza Valdeciervos, situado en el término municipal de Tornadizos de Ávila.
Ecologistas en Acción informa que las pesquisas del Seprona de la Guardia Civil pudieron determinar, mediante el análisis de pruebas testificales, documentales, genéticas y balísticas, que desde el puesto número 15 de la montería se disparó a un grupo de lobos abatiendo al menos a uno.
Indica que las mismas investigaciones determinaron que el cuerpo del cánido fue retirado, y no ha aparecido; pero «hay fotos del animal muerto, así como rastros de pelo y sangre que, junto con los casquillos de munición y las armas, permiten dirigir y argumentar una acusación», según la organización ecologista.
Las declaraciones iniciales hablaron igualmente de un segundo lobo abatido en esa misma cacería, pero «no se consiguieron pruebas de su muerte».
Según Ecologistas en Acción, el lobo, considerado una especie protegida «específicamente al sur del Duero», atraviesa una situación «muy delicada en España y singularmente en la comunidad de Castilla y León».
